Por: Marielle Cauthin – 29/08/ 2018

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El mismo año que el presidente Evo Morales entregó el título de propiedad al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) -en 2009-, al menos seis sindicatos cocaleros ocuparon áreas dentro de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO), violando la frontera pactada para frenar el avasallamiento que vulnera la doble condición de protección legal del TIPNIS como Parque Nacional y Territorio Indígena.

Explotación forestal ilegal, chaqueos, cultivos ilícitos de coca, pesca indiscriminada, apertura de brechas camineras prohibidas, intimidaciones a indígenas, asaltos y enfrentamientos armados con heridos y muertos marcaron el violento avance de los sindicatos de productores de hoja de coca 16 de Octubre, Estrella (Estrellita o Nueva Estrella) y Valle Encantado dentro de la TCO, a unos 15 kilómetros de la Línea Roja.

Estos hechos se registraron entre 2001 a 2009 y fueron frenados por acciones de resistencia de la comunidad indígena San Miguelito, junto a otras comunidades cercanas y a guardaparques del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), según documentos históricos de esta institución y de las organizaciones indígenas.

Voto Resolutivo de 2006 que exige la continuidad de la demarcación de la Línea Roja

La Línea Roja

La Línea Roja es el límite pactado de la zona ocupada por campesinos colonos de origen andino, dentro de la TCO propiedad de los pueblos indígenas Yuracaré, Chimán y Mojeño Trinitario. Las aproximadamente 123 mil hectáreas que están fuera de la Línea Roja es lo que hoy se conoce como polígono 7 y, pese a ubicarse dentro del Parque Nacional, son asentamientos que han logrado la titulación individual de terrenos para más de 60 sindicatos de productores de hoja de coca, según datos del INRA.

Entonces, en el TIPNIS hay dos situaciones territoriales: el Parque Nacional Isiboro-Sécure (PNIS) creado en 1965, con una superficie de 1.236.296 hectáreas, que por esta condición prohíbe asentamientos externos, y la TCO que abarca 1.091.656 hectáreas, cifra recortada precisamente por el llamado polígono 7.

El proceso de demarcación de la Línea Roja comenzó a inicios de la década del 90 y hubo muchos momentos en los que se intentó acordar su delimitación y respeto de no transgresión por parte de los colonos. Entre éstos resaltan el encuentro de 1994 entre Evo Morales -presidente de las Seis Federaciones de productores de hoja de coca del Trópico de Cochabamba- y Marcial Fabricano, representante indígena, así como el acuerdo de 2006 que se firmó con Julio Salazar, entonces presidente de las Seis Federaciones, actual dirigente de Isinuta y exsenador por el MAS. Pero la Línea Roja nunca fue respetada por los cocaleros, que actualmente siguen avanzando dentro del Parque Nacional y la TCO, vigilando el avance de la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.

El asalto colono a campamento del SERNAP

En la década de 2000 habían ocurrido varios conflictos por asentamientos ilegales y se habían llevado a cabo desalojos cada vez con mayor violencia, pero al mismo tiempo se iban consolidando -mediante pactos, prebendas o uso de fuerza- los asentamientos de colonos.

El 19 de mayo de 2001, el Campamento 5 Sanandita del SERNAP fue asaltado por 15 colonos del sindicato 10 de Agosto que portando escopetas y machetes agredieron física y psicológicamente a los guardaparques Fernando García y Leoncio Viry. El director del SERNAP – TIPNIS en ese entonces, Vladimir Orzolini, interpuso una denuncia ante la Policía Técnica Judicial del Chapare en la que los guardaparques afirmaron que la razón del brutal asalto se debió a la deforestación ilegal dentro del Parque y al secuestro de los equipos con los que los colonos extraían madera.

Denuncia de los guardaparques ante la policía

“En nuestra condición de guardaparques, en vista de sorprender en forma infraganti, cortando madera en ‘cuartones’ al señor Toribio NN y a dos personas (sus ayudantes), dejando una escopeta, un motor de lancha fuera de borda ensamblada a una canoa, la canoa, ocurrido en el Sindicato 10 de Agosto, Isiboro Sécure, a este efecto secuestramos la canoa, más el motor y la escopeta llevando al campamento Sanandita, donde está ubicada nuestra base de operaciones, al promediar las 19.30 este sujeto Toribio, con un grupo de unas 15 personas ingresaron a los ambientes de nuestro campamento, en principio agrediéndonos con golpes de puño, palos y el tubo de la escopeta a Pedro Cuevas, Leoncio Viri y mi persona, en ese instante también se llevaron una radio de comunicación marca Yaesu 900, batería Panasonic, un motor fuera de borda marca Maraner de 25 HP, gasolina 100 litros y todos los objetos secuestrados, por la gran cantidad de personas que se entraron no pudimos hacer nada porque estaban armados con machetes, palos y una escopeta”.

Carta informe de guardaparques del Campamento Sanandita a su dirección

La comunidad que luchó contra la colonización

San Miguelito, como comunidad indígena ubicada en la frontera de la zona avasallada, paulatinamente fue padeciendo los ataques de colonos que avanzaban más allá de la Línea Roja. En noviembre de 2005 los guardaparques junto a comunarios de San Miguelito desalojaron al colono identificado como Gerardo Vega que invadió -junto a 40 personas- el Bloque I del plan de manejo forestal. Según el informe de los guardaparques, en ese avasallamiento hubo “chaqueos indiscriminados de bosque y pesca indiscriminada en los ríos”.

En 2006 las comunidades indígenas del TIPNIS resolvieron realizar un encuentro de autoridades en esta comunidad, con el fin de reforzar la ocupación del territorio, pues ese mismo año en julio, nuevamente un centenar de personas se asentaron dentro del Parque Nacional, cinco kilómetros dentro de la línea roja.

Otra vez comunarios indígenas de San Miguelito fueron a desalojar este asentamiento, incluso hubo toma de rehenes. Producto de la paulatina escalada de violencia, el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz; el prefecto del Beni, Ernesto Suárez; el director del INRA y el director nacional del SERNAP, Herlan Flores, se hicieron presentes en la zona y ordenaron la expulsión de los colonos. Indígenas del TIPNIS y SERNAP pedían que esta orden se haga efectiva, hasta que el 27 de julio de 2007 se produjo el desalojo donde participaron 20 policías y un abogado.

Órdenes de desalojo contra colonos

En agosto de 2006, 300 colonos volvieron a avasallar los límites del territorio indígena y se asentaron en el Valle Encantado, en la zona hoy ocupada por el sindicato 16 de Octubre. Este sindicato tenía una orden de desalojo firmada por el viceministro Almaraz, el viceministro de Coordinación Social, Alfredo Rada, el director del INRA, y el director del SERNAP, Adrián Nogales.

Un año después, en agosto 2007, una nueva inspección de guardaparques y comunarios verificaron que el mismo sindicato continuaba realizando actividades de chaqueo y decomisaron dos motosierras y una escopeta. La dirección de área del TIPNIS denunció ante la Fiscalía de Villa Tunari al colono Serapio Marco por “daños ambientales de considerable magnitud”. Pese a las pruebas, el fiscal devolvió las motosierras a los colonos.

Cansados de los constantes avasallamientos y viendo que el avance de los colonos no se detendría, en 2007 las comunidades del TIPNIS mediante cartas volvieron a exigir al Viceministerio de Tierras y al presidente Evo Morales hacer respetar su voluntad de desalojar a los colonizadores. También solicitaron a Morales concederles una audiencia en 2008, cosa que nunca pasó.

Carta de la Subcentral del TIPNIS a Evo Morales de 2007

Carta de la Subcentral del TIPNIS a Evo Morales de 2008

Brechas ilegales, asedio a indígenas y erradicación de coca ilegal

En este punto ya era evidente que para consolidar los asentamientos y permitir su avance la colonización necesitaba caminos dentro del Parque Nacional y -de hecho- comenzaron a despejar brechas. El SERNAP, mediante una carta a la entonces ministra de Desarrollo Rural, Susana Rivero, denunció la apertura de una brecha caminera, unida a la presencia de 70 colonos en la zona de la comunidad Santísima Trinidad.

Por su parte, el Consejo departamental del Beni emitió una resolución de rechazo y desconocimiento a la llamada organización de productores de hoja de coca, asentados en las proximidades de la comunidad indígena Santísima Trinidad. Esta resolución expresaba que los indígenas de esta comunidad eran víctimas de constantes atropellos por parte de los colonos.

A partir de junio de 2009, tanto el SERNAP como las comunidades indígenas reclamaron ante la Unidad de Desarrollo del Trópico (UDESTRO) tomar acciones contra los sindicatos 16 de Octubre, Estrellita y Valle Encantado, por encontrarse fuera de la Línea Roja, avasallando el Parque Nacional y la TCO con cultivos de hoja de coca ilegal.

Entre el 25 al 28 de agosto de ese año se intervino el Sindicato 16 de Octubre con apoyo de comunarios indígenas y el Grupo de Tarea Conjunta de erradicación de coca ilícita. Se erradicaron 20 hectáreas de coca ilegal cultivada, en medio de agresiones a la comisión de erradicación. La comisión fue rodeada por colonos y los obligaron a firmar un documento que les “garantizaba el libre tránsito dentro la zona”.

Enfrentamientos y expulsiones de colonos

Con tantas resoluciones de desalojo incumplidas, el 25 de septiembre de 2009 comunarios de San Miguelito se organizaron para apoyar en el desalojo organizado por el Viceministerio de Tierras, un abogado y 15 policías. Ya en el lugar, los comunarios de San Miguelito se vieron solos y pidieron ayuda a otras comunidades, desde otros lugares cercanos llegaron más indígenas con flechas, machetes y armas de caza, los colonos en un grupo de 400 también se armaron –según testimonios de los comunarios y del SERNAP- con dinamitas, granadas y armas de fuego, además habrían usado un escudo de mujeres y niños.

Extracto del informe: Posición del TIPNIS ante avasallamientos colonos y vulneración de los derechos territoriales de nuestros pueblos indígenas.

“- Entre el 24 y 25 de septiembre, hacen el ingreso a la zona de asentamientos ilegales, la Fuerza de Tarea Conjunta, dirigencia de la Subcentral TIPNIS, la CPEMB [Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni], un abogado del viceministerio de Tierras y los 15 policías designados, estos últimos al ver la presencia de aproximadamente 400 colonos armados, muchos en estado de ebriedad, con dinamitas, granadas y armas de fuego en su poder, deciden retirarse, bajo el argumento de que volverían con más refuerzos”.

El 26 de septiembre ocurrió el enfrentamiento contra aproximadamente 400 colonos avasalladores, que debían ser expulsados del TIPNIS. Hubo al menos tres indígenas heridos con arma de fuego y flechas, además de dos o tres momentos de intercambios de disparos iniciados por los cocaleros.

 “- El sábado 26 de septiembre, cuando los representantes indígenas de las distintas comunidades estaban esperando pacíficamente a los policías, fuimos emboscados, cuando los cocaleros ilegales lanzaron un grito y comenzaron a disparar, lanzaron granadas de mano, ametralladoras, y nos preguntamos ¿de dónde salió tanto armamento? ¿es el interés por tierras nada más? Estos enfrentamientos se dieron en horas de la tarde, con tres ataques de los cocaleros desde las 15.00 hasta las 20.00”.

“- Nosotros procedimos a defendernos con palos, machetes, flechas y con todo lo que teníamos, ante los dinamitazos y disparos de los cocaleros”.

“- Producto de este enfrentamiento se presentaron las primeras víctimas: los indígenas Jesús Dávalos – corregidor y Agustín Noza – comunario de San Miguelito, respectivamente; además de Florencio Silvestre Soria de San Benito. Por el lado colono falleció una persona y hay otro herido”.

Según los relatos recogidos por el informe de avasallamientos del SERNAP:

“El enfrentamiento comienza a horas 15.00 y dura más o menos 5 minutos, hay tres heridos en los comunarios, el primer herido es Jesús Dávalos de San Miguelito con lanza de pachua en el lado izquierdo de las costillas. El segundo herido fue Agustín Analeco Mosua, con arma de fuego en la canilla con escopeta calibre 16. El tercer herido fue la persona de Florencio Silvestre Zurita, herido en la mano izquierda con impacto de bala con rifle calibre 22”.

“Después de una breve pausa se desarrolla el segundo enfrentamiento a horas 16.00 que duró aproximadamente 10 minutos, según los relatos los colonos avanzaron con una  línea de afronte de mujeres, detrás de las mujeres una hilera de niños y detrás de este grupo colonos, encapuchados con armas de fuego como rifles, escopetas, carabinas y lanzando cartuchos de dinamita”.

“Los comunarios esperaron detrás de los troncos, a un comunario le rozó una bala le cortó la camisa en forma horizontal a la altura del abdomen; el otro cayó del tronco a consecuencia de la explosión de una dinamita, ante esta situación el presidente de la Subcentral da la orden de responder, dándose el inicio a un intercambio de disparos, donde no se presentó ningún muerto”.

Después de estos enfrentamientos, ambos grupos se replegaron. Recién el 28 de septiembre de 2009 llegaron a la zona funcionarios con 165 policías, otros comunarios y 10 guardaparques; todos ingresaron a la zona pero no encontraron ningún colono, por lo que procedieron a quemar chozas, secuestrar equipos y erradicar plantaciones ilegales.

Días después, el 1 de octubre se notificó el desalojo a los colonos de Nueva Estrella y Valle Encantado. Otras brigadas de guardaparques verificarían avasallamientos de los sindicatos Minera B, Uncía y Santa Rita: “donde existían denuncias por parte de los indígenas de que los colonizadores habrían traspasado la Línea Roja” (SERNAP, 2010).

Resolución 0002/2010: Defensa de la integridad territorial del TIPNIS

Más colonos y más coca

Según datos comparativos entre los Censos de 2001 y 2012, la población indígena del Polígono 7 pasó de 741 a 385 habitantes, en tanto que la población de colonos pasó de 7.578 a 13.040, lo que produciría una correlación poblacional de 34 campesinos colonos por cada indígena de la zona (Colque, 2018).

Es llamativo el ritmo de crecimiento demográfico del Polígono 7 que -en el análisis de Colque (2018)- no tiene nada que ver con la media nacional (1,7%) ni con la media rural (0,5%), sino solo es equiparable a “comunidades del Trópico de Cochabamba que experimentaron el boom de la coca”.

El mismo presidente Evo Morales declaró en 2017 que la invasión de cocaleros más allá del polígono 7 es un problema sin control: “Cuando ya era presidente habían entrado, hemos sacado” (El Deber, 2018). También reconoció que ya existían colonos asentados sobre el río Isiboro antes de 2010, año en el que todas las comunidades del TIPNIS volvieron a denunciar el avance cocalero y a rechazarlo. Paralelo a este avance, el Informe 2017 de Monitoreo de Coca de la Oficina de Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (UNODC), indica que el polígono 7 cuenta con 1.109 hectáreas de cultivos ilegales de hoja de coca.