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¿Cuál es la posición del gobierno boliviano respecto a la condena del Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza?

Estas semanas varias autoridades nacionales se pronunciaron respecto a la sentencia del Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza (TIDN) contra el Estado Plurinacional de Bolivia, sobre el caso del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). La presidenta del Senado, Adriana Salvatierra; el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda; la viceministra de Medio Ambiente, Cinthya Silva; el viceministro de Sustancias Controladas, Felipe Cáceres; el canciller, Diego Pari; además de la diputada Raquel Moye, confirmaron varias de las aseveraciones del TIDN, respecto al avance de cultivos de hoja de coca dentro del parque nacional y daños ambientales, empero también reafirmaron las políticas extractivas del gobierno a nombre de “proyectos de desarrollo”.

Gobierno viola derechos de la naturaleza

El pasado 15 de mayo el tribunal emitió su sentencia en la que concluye que el Estado Plurinacional de Bolivia violó los derechos de la Madre Tierra (Ley 71 y 300) y de los pueblos indígenas en calidad de defensores de su territorio, vulneró la misma Constitución Política del Estado e hizo caso omiso al mandato de la Declaración de Tiquipaya de 2010. El tribunal además formuló una serie de medidas de reparación inmediata que debe asumir el gobierno de Evo Morales. Las propuestas van desde la paralización inmediata y definitiva de cualquier tipo de avance en la construcción de la carretera por medio del TIPNIS hasta la identificación y sanción de los responsables de las violaciones a los derechos humanos en 2011 en Chaparina.

tapa video de lectura sentencia

La sentencia está firmada por 26 juezas y jueces de reconocida autoridad ética y científica respecto a los derechos de la naturaleza, como Vandana Shiva, Tom B. K. Goldtooth, Fernando “Pino” Solanas, Patricia Gualinga, Cormac Cullinan, Enrique Leff, Rita Segato, María Blanca Chancoso, Arturo Escobar y Maristella Svampa, entre otros. El TIDN es una instancia de la sociedad civil, con carácter ético, que tiene como objetivo investigar y dictaminar casos sobre violaciones a los Derechos de la Naturaleza, por la infracción de responsabilidades por parte de organizaciones internacionales, Estados, empresas o individuos, en aplicación de lo establecido en la Declaración de Tiquipaya de 2010.

Entre las principales evidencias que se hallaron es que el 58% de la histórica pérdida de bosques en el TIPNIS está en un radio de 5 km. al rededor de la carretera dentro la zona llamada polígono 7, donde se ubican sindicatos de productores de hoja de coca (Current Biology, 2018). A ese ritmo se predijo  que el 64% del parque nacional sería deforestado en 18 años si se construye la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.

Reconocen limitaciones ambientales y coca excedentaria

El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, afirmó en primera instancia que el gobierno “tomará nota” de las recomendaciones del tribunal: “Como toda resolución enviada al estado de Bolivia, dentro del derecho nacional e internacional, vamos a dar debida atención a estas resoluciones para que puedan ser consideradas en las políticas nacionales”, afirmó.

articulo la razon viceministraPor su parte, la viceministra de Medio Ambiente, Cynthia Silva, refiriéndose al fallo admitió que existe una deuda ambiental por parte del Estado: “es cierto que falta mucho. Debemos remediar los pasivos ambientales del pasado y evitar la contaminación del presente, avanzar en procesos de transformación ambiental de la industria, la minería y otras actividades”, sostuvo en un artículo publicado en el diario La Razón el 29 de mayo.

El bloque de militantes del partido de gobierno dentro del TIPNIS, a la cabeza de Domingo Nogales, explicó que durante la gestión de Evo Morales “ha habido construcciones dentro del TIPNIS”, pues sin duda las más cuestionadas son los tres puentes de gran tamaño dentro del parque nacional sobre los ríos Isiboro, Ibuelo y Sazama, algo prohibido por la Constitución Política del Estado (CPE). Esta infraestructura viabiliza el avance del tramo II de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos y comenzó a construirse cuando la Ley que prohíbe la carretera estaba vigente.

Sobre las denuncias de avasallamiento de colonos cocaleros, la diputada Ramona Moye (MAS) reconoció que en el TIPNIS actualmente se produce coca: “de que hay coca, hay”, declaró aludiendo al polígono 7 del parque nacional, ocupado por más de 50 sindicatos de productores de hoja de coca: “yo les invito que ustedes vayan a visitarlo y es allá en el lugar donde uno tiene que saber las cosas, si hay o no hay”, se refirió a los medios.

Respecto a estas declaraciones, el diputado indígena Rafael Quispe aseguró que constató directamente dentro del parque nacional la existencia de permanente actividad del narcotráfico, e incluso pistas clandestinas para el traslado de droga: “nadie puede decir que no existe coca, lo podemos ver satelitalmente, podemos hacerlo con nuestro teléfono ahora: existe coca en el polígono 7 y alrededor existen pistas de aterrizaje, y existe narcotráfico promovido por colonizadores asociados, afiliados a las 6 federaciones”.

La presión mediática sobre el tema hizo que el 12 de junio, el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, confirmara que “en el polígono 7 sí existe registro catastro, que lastimosamente en la nueva Ley General de Coca se beneficia con el cato de coca”, al mismo tiempo explicó que fuera de ese registro “dentro del TIPNIS -que es el parque- sí tenemos información de inteligencia del CEO, que se han detectado la rededor de 15 a 38 hectáreas de nuevos cultivos, plantaditas recientemente”.

Justifican extractivismo

Screenshot_2019-06-18 (97) Adriana Salvatierra - PublicacionesPese a estas evidencias, la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra –a través de su página en Facebook-  difundió una reunión que tuvo con militantes del partido de gobierno pertenecientes al polígono 7 y al TIPNIS, en la que le transmiten su “preocupación”: “por el reciente fallo que acaba de emitir el supuesto Tribunal de la Naturaleza en contra del progreso y desarrollo del TIPNIS”.  Salvatierra indica que la sentencia -que busca frenar los impactos de la carretera, en defensa de los derechos de la naturaleza-: “lo único que buscaría este fallo es evitar que los programas del gobierno en beneficio de sus poblaciones continúen”, interpretó, cuando el documento del TIDN no hace referencia a ningún programa social del gobierno, sino a efectos ambientales producto, entre otros, de la deforestación amazónica.

En el mismo sentido, la viceministra Silva añadió que “ni en la Constitución ni en la Ley de Derechos de la Madre Tierra y menos en la Ley Marco de Madre Tierra y Desarrollo Integral se establece que la naturaleza estará intocada y que condenaremos a las comunidades y poblaciones que viven en los bosques a no acceder a los derechos a un desarrollo digno y sustentable”, indicó aludiendo al proyecto carretero parte de la Iniciativa de Infraestructura Regional Sudamericana  (IIRSA), que busca intercomunicar mercados entre Brasil y el Asia, así como hacer carreteras para el tránsito de mercancías, como denuncian investigadores.

A su vez el canciller Diego Pary se refirió a la relevancia del Tribunal – que nació en la cumbre de Tiquipaya en 2010- como “opiniones” de “un grupo que tiene la intención de hacer activismo político”, desmereciendo que los criterios científicos y éticos de un jurado reconocido internacionalmente por su lucha ecologista.