La Paz, 24 de agosto de 2018

Doña Ely Zárate vive en la comunidad Yumao, que sería tapada por cien metros de agua si se concreta el proyecto hidroeléctrico Rositas, en Santa Cruz. “Vivo a 100 metros del río -contó-. Cada vez que bajo a la orilla, ya me lo imagino al río trancado… Esos árboles bajo el agua, las aves quizás muriendo, los animales más pequeños sin saber adónde ir. Irán a morir, porque va a quedar todo inundado. Desde el árbol más grande, hasta las pequeñas orquídeas, hasta las abejitas que son polenizadoras de nuestras siembras, todo va a quedar muerto, en nada. Todo se va a pudrir, todo va a ser destruido. Esa es la preocupación de nosotros… ¿Por qué no defenderlo ahora, que aún hay oportunidad?”.

El testimonio de la señora Ely es uno entre decenas que oyó la comisión del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza el miércoles pasado en Cochabamba, durante la audiencia pública que celebró en el Arzobispado. Integrado por la estadounidense Shannon Biggs, la sueca Hana Begović, el ecuatoriano Alberto Acosta y el argentino Enrique Viale, esta comisión tuvo que saber de primera mano cuál es la grave situación de los territorios indígenas y parques nacionales en Bolivia, donde transnacionales extractivistas y obedientes sindicatos someten a gusto y placer a poblaciones indígenas en sus propias casas.

Esta comisión, junto a una veintena de periodistas y representantes de la Coordinadora en Defensa de los Territorios, estuvo retenida durante 6 horas el domingo 19 de agosto en Isinuta, localidad del Trópico de Cochabamba. Quienes no les permitían entrar al Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) pertenecían a la misma organización que los había invitado a la comunidad de Santísima Trinidad, ubicada en el misterioso Polígono Siete.

Tampoco les dejaron retirarse, por lo cual la comisión debió soportar largas horas de Sol y maltrato psicológico. Esta contradicción interna del Consejo Indígena del Sur (Conisur), que primero invitó al Tribunal a Santísima Trinidad y luego lo retuvo, devela un contexto nacional de organizaciones sociales divididas, en pelea con sus paralelas, con intervenciones de funcionarios estatales que promueven divisiones internas. Así lo pudieron constatar durante la audiencia pública en Cochabamba. A grandes rasgos, en Bolivia por cada organización social hay una paralela. Y las paralelas reconocidas por el Gobierno siempre tienen mayores recursos, proyectos productivos, así como beneficios para sobrepasar la ley, tal como se notó en los alrededores del puente de Isinuta.

La audiencia

Unas 150 personas ocuparon el auditorio del Arzobispado cochabambino, donde la comisión del Tribunal escuchó a cada indígena o campesino que presentó su caso. Les hablaron sobre los proyectos de represas de El Bala-El Chepete, la hidroeléctrica Rositas, la explotación hidrocarburífera en Tariquía, la deforestación ilegal que sufren las comunidades del Bosque Chimán, la matanza de jaguares en la Amazonía boliviana, fundamentalmente por parte de ciudadanos chinos, que llegan al país conforme aumenta la deuda externa hacia el gigante asiático.

Se veía en la gente muchas ganas de hablar, de ser escuchados, con la esperanza de encontrar ayuda en un problema impuesto, que les afecta radicalmente en sus vidas. Se suponía que la sesión iba a durar de 8:30 a 12:30, pero recién a las 13:30 pudieron finalizar, porque muchos casos fuera del programa fueron presentados en modalidad express. Así, comunidades afectadas por la minería en el Altiplano, el Comité en Defensa de los Suelos Agrícolas y la Madre Tierra (CODETAMT) y hasta unas señoras que denunciaban la matanza de perros callejeros en el Cercado de Cochabamba, tuvieron su oportunidad de dejar fotos y documentos a esta comisión.

Conferencia de prensa

Las vivencias que atravesó el grupo del Tribunal, en apenas una semana en Bolivia, le dan estatus de legendario, fundamentalmente por el incidente en Isinuta. Estos hechos concitaron mucho interés en la prensa, que abarrotó el auditorio cuando hubo 20 minutos para atender a sus preguntas. “Sí, hoy nos enteramos por la prensa que el Gobierno nacional reconoce la presencia de plantaciones de coca vinculadas al narcotráfico, lo mismo que pozas de maceración. Hay un informe detallado en el diario Los Tiempos, donde pueden leer lo que dice el Viceministro de Defensa Social sobre el tema. Con absoluta claridad el Gobierno confiesa que hay narcotráfico en el TIPNIS, no solo en el Polígono Siete. Hay plantaciones que superan la línea roja, hacia adentro del territorio. Esa es quizás la razón por la cual no nos permitieron llegar al Polígono Siete. Nos detuvieron de forma totalmente arbitraria, afectando a nuestro derecho a la libre movilidad, en el puente de Isinuta”, dijo Acosta.

“Son datos que vamos a incluir en el informe. Y creo que es un asunto que demanda la sociedad boliviana: que haya transparencia, que se sepa qué sucede al respecto, qué sucede con las plantaciones que serían ilegales. Y qué impacto crea a la Madre Tierra, a las personas, comunidades, particularmente a los pueblos indígenas directamente afectados”, agregó. Y sugirió a la sociedad civil boliviana efectuar una investigación profunda sobre este problema.

El martes pasado, la comisión del Tribunal tuvo la oportunidad de reunirse con el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y la viceministra del Medio Ambiente, Cynthia Silva (sí, la misma que ofició de vocera de los cocaleros en Twitter, luego de la retención en Isinuta). Romero habría hecho de policía bueno, la viceministra de policía mala. “El ministro Romero fue muy abierto, respetuoso, amable. Pero la Viceministra no estuvo abierta, no nos atendió de la manera que hubiéramos esperado”, dijo Acosta. Y agregó: “El ministro reconoció que habíamos estado detenidos. Nos dijo que fuimos liberados gracias a la intervención del mayor de la Policía Nacional Lobatón, que intervinó y habló con las personas que nos tenían detenidas, porque no podíamos avanzar ni retroceder”.

Acosta contó que este incidente lo llevó a reflexionar sobre la situación de los territorios indígenas, así como la cáscara vacía que es el discurso a favor de las autonomías indígenas. “Apenas salí de la retención que sufrimos en la entrada del Polígono Siete, reflexioné que los indígenas no pueden controlar su territorio. No hay un avance de la autonomía indígena, sino una pérdida de control del Estado sobre su territorio”, dijo.

Durante sus días en el país, quienes integraron la comisión del Tribunal, así como dirigentes del TIPNIS, fueron invitados a varios medios de comunicación. En algunos pudieron dar su mensaje claramente, pero en muchos otros sintieron que no les permitieron expresarse, ya sea por falta de tiempo o por preguntas tendenciosas de periodistas desinformados o parcializados con quienes quieren la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. En la conferencia de prensa, algunos con micrófono también cuestionaron la legitimidad del Tribunal, porque no pertenece ni a las Naciones Unidas ni a la Organización de los Estados Americanos (OEA). Respondió Acosta.

“Somos un grupo de personas que provienen de todos los continentes, que no responden a ningún gobierno, a ningún poder corporativo ni a alguna ONG. Nos hemos organizado libremente, desde la sociedad civil, ante la apatía de los gobiernos, que no han dado paso al Tribunal que se planteó aquí en Tiquipaya en 2010. No vamos a esperar a que los gobiernos actúen, la sociedad civil debe ponerse en marcha. Hay gobiernos que hacen grandes discursos a favor de la Madre Naturaleza, pero no hacen nada para protegerla efectivamente”, sostuvo.

Los casos

Don Domingo Campos Huasna es de la comunidad Torewa, del pueblo Leco, en el Parque Madidi. Como integrante de la Mancomunidad de Comunidades de los Ríos Beni, Quiquibey y Tuichi, presentó el caso de las megarepresas El Bala-El Chepete. “Le expresamos al Tribunal nuestra preocupación, porque nuestra comunidad está asentada a unos 35 kilómetros de la represa que sería El Bala. Sin embargo, El Bala va a afectar a 94 km² cuadrados, eso quiere decir que nos va a afectar nomas y tendríamos que abandonar nuestro lugar. Pero si nos basamos en las leyes del país, incluidos el Convenio 169 de la OIT, así como la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, nos dicen claramente que si no queremos, no salimos de nuestros lugares donde vivimos. No queremos ser desplazados a otro lugar, porque muchos, como yo, no tenemos otro espacio, otro territorio en ninguna parte de Bolivia. Solamente este lugar”, dijo.

El Bala-El Chepete afecta al territorio de seis pueblos indígenas: Leco, Uchupiamona, Chimán, Mosetén, Tacana y Esse Ejja. “Exigimos respeto por estos pueblos, para que no seamos tratados como si no existiéramos. El Gobierno hasta el día de hoy no ha hecho la Consulta Previa, por eso estamos exigiendo que se haga esta consulta. Nosotros tenemos derecho a dar nuestro sí o nuestro no para ver si se puede hacer una represa en nuestro territorio”, indicó don Domingo a la Coordinadora en Defensa de los Territorios.

Un papelito

“El río va a ser trancado… Es algo que no se debe hacer, porque los ríos son las venas de la naturaleza, así como corre la sangre por nuestro cuerpo. Al destruir los ríos, la Madre Tierra se va a desequilibrar, eso hemos venido a hacer conocer al Tribunal. Vivimos juntamente con la Madre Tierra, sabemos que tenemos que respetarla. Gracias a ella tenemos la naturaleza, tenemos medicina, tenemos lo que nos regala el río, el alimento más fuerte que es el pescado”, contó Ely Zárate, quien es Mburuvicha de Yumao.

A pesar de tantas presiones, falta de certezas y angustias, la señora Ely es optimista. Está convencida de que la vida triunfará. “Tres años atrás, se entró un hombre alto y con colita de la empresa ENDE. Trajo un mapa, donde se veían todas las comunidades que quedarían inundadas. Nosotros hasta entonces no sabíamos del proyecto Rositas. Le dijimos que nos deje ese plano, pero nos dijo que no se podía porque era un documento privado. Entonces le dijimos: ‘Usted no sale hasta que no nos lo da’. Gracias a que mi hijo tenía su pequeño teléfono, sacamos fotografías al plano. Con eso pude caminar a mi Capitanía, a mi Alcaldía, a lo más cerca. También a los visitantes que iban a la zona del río, les empecé a preguntar qué iba a pasar con todo esto. Así, de a poquito ha ido creciendo nuestra voz. Primero se sabía ahí nomás. Luego, con el contrato que hicieron en Santa Cruz, los hermanos de Vallegrande respingaron también. Así fuimos creciendo, íbamos haciendo nuestras reuniones. Ahora se ve cuánto ha crecido ese pequeño papelito que yo tenía. Por eso digo que el resultado va a ser positivo. Si nos unimos todos, vamos a llegar más allá y vamos a hacer respetar a la Madre Tierra. Cuando hay unión, hay fuerza. Seguiremos adelante por más que nos amenacen. Creo que Dios, la Naturaleza, nos va a proteger a todos los que estamos haciendo fuerza”, sostuvo.

Doña Úrsula Socoré Arroyo es vicepresidenta del Territorio Indígena Multiétnico (TIM1), donde se encuentra el Bosque Chimán, en grave riesgo por la creciente deforestación ilegal. Indicó al Tribunal que el avasallamiento por parte de productores de hoja de coca, así como los intereses hidrocarburíferos que existen en su territorio, tendrán vía libre si se construye la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. “Hemos venido a presentar nuestra demanda al Tribunal para contar cómo estamos siendo avasallados por el Gobierno. Realmente es muy lamentable”, dijo.

“Estamos reclamando el cumplimiento de nuestros derechos. Porque del monte sacamos los productos para que coman nuestros hijos, sacamos la medicina para curarlos. Hemos dicho nosotros que no vamos a permitir que el Gobierno haga la carretera, porque hasta ahorita ya hay colonos ahí asentados, dentro del territorio. Y quieren sacar a nuestra gente de las comunidades. La mayor parte de nuestro territorio ya está afectada por la intromisión de los colonos, pero como pueblos indígenas vamos a seguir luchando”, expresó doña Úrsula.

“Gracias al Tribunal, que ha venido a recoger información -dijo la vicepresidenta del TIMI-. Ojalá esas informaciones que nosotros hemos dado sirvan para que todo el mundo sepa cómo estamos viviendo en las comunidades. Estamos muy contentos de que hayan bajado a las comunidades, que hayan ido a verificar al lugar donde están más afectados los pueblos indígenas”.

(Coordinadora en Defensa de los Territorios)