“La selva más hermosa del mundo”. Así describió Alcides D’orbigny, biólogo francés, el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) tras explorar Bolivia entre 1830 y 1833.

Ubicada entre los departamenos de Beni y Cochabamba, el Tipnis es un área natural protegida que abarca unos 12.363 kilómetros cuadrados en la Amazonía boliviana. Es uno de los sitios con mayor biodiversidad del mundo y hogar de diferentes pueblos indígenas, entre ellos los Mojeños Trinitarios, los Tsiman y los Yuracaré.

Pese a su condición de Parque Nacional y Territorio Indígena, desde hace décadas que se busca construir en el sitio una carretera, dividiéndolo en dos y causando graves daños ambientales y sociales, algunos de los cuales ya han ocurrido pues dos de los tres tramos de la vía ya fueron construidos.

Sin embargo, la lucha de los pueblos indígenas del Tipnis por defender su territorio y modos de vida no ha cesado. Y recientemente obtuvieron una victoria que constituye un precedente legal internacional para la protección del ambiente y los derechos humanos.

El mes pasado, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TIDN) dictaminó que el Estado boliviano “violó” los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas que habitan el Tipnis por alentar la construcción de la carretera.

El Tribunal, integrado por personas comprometidas con el ambiente, fue creado en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, en abril de 2010, cuando se firmó además la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra.

Su función es establecer e investigar cualquier violación de derechos estipulados en la Declaración y en las normas internas de cada país. Determina si hubo o no violación y quién es responsable. Realiza recomendaciones, opiniones consultivas y puede determinar medidas provisionales.

la defensa indígena de la Amazonía boliviana

La resistencia de pueblos indígenas a la construcción de una carretera en medio del Tipnis lleva años y ha traído mucho sufrimiento. El episodio más doloroso ocurrió en 2011 cuando más de 100 indígenas que marchaban a La Paz, sede del gobierno boliviano, fueron brutalmente reprimidos por policías. Pese a ello, esa movilización logró la promulgación de una ley que otorgó al parque nacional la condición de “zona intangible” o reserva absoluta.

Lamentablemente, seis años después, esa ley quedó sin efecto cuando se promulgó una nueva ley mediante un proceso más que expedito.

Representantes de los pueblos indígenas del Tipnis denunciaron éste y otros hechos ante el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, organismo que aceptó considerar el caso en enero de 2018 y que decidió enviar una comisión internacional de observadores que visitó la zona para entrevistarse con todos los actores involucrados.

Los representantes indígenas denunciaron ante el Tribunal que pese a tratarse de un solo tramo, el proyecto fue presentado por separado, con tres fases o tramos, de los cuales solo falta construir el central.

Otras irregularidades incluyen la adjudicación del proyecto a una empresa brasileña sin contar con la evaluación de impacto ambiental; y la falta de una consulta adecuada a las comunidades indígenas afectadas.

En la sentencia emitida el 15 de mayo, el Tribunal, además de encontrar responsable al Estado boliviano de la violación de derechos, solicitó medidas de cumplimiento inmediato, entre ellas:

1. La paralización definitiva de cualquier avance en la construcción de la carretera;
2. Reconocer las facultades de los pueblos indígenas, como su autonomía territorial y su derecho a la consulta previa, para garantizar su control dentro del Tipnis;
3. Anular la ley que le quito la cualidad de zona intangible al Tipnis;
4. Detener el avance de la colonización hacia la zona central del parque nacional;
5. Anular los planes de expansión petrolera en el sitio;
6. Aplicar efectivamente las normas que garanticen la protección de los derechos de la Madre Tierra; y
7. Garantizar a los pobladores indígenas el cumplimiento de su papel fundamental como defensores de la Madre Tierra.

Lo que viene para el Tipnis

Aunque la sentencia del Tribunal no es de cumplimiento obligatorio, es un precedente establecido por un tribunal ético y reconocido. Por ello la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca del Amazonas, una organización indígena internacional, anunció que usará el fallo como instrumento de prueba para llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La situación es compleja.

La construcción del tramo que falta fue suspendida tras perderse el crédito para su ejecución, pero algunos sectores defienden la vía como obra fundamental para conectar el centro y el norte del país, facilitando además el acceso a servicios básicos y a otras oportunidades de desarrollo para las comunidades del Tipnis. Por otro lado está la degradación ambiental de una zona rica en biodiversidad pues la carretera sería solo el origen de otras actividades dentro del área protegida.

Creo que nadie tiene respuestas absolutas y no se trata de hacer un juicio de valor, si no de cumplir las leyes, cuya existencia reside en la razón y en lo que es o debería ser justo. Aunque parte de la carretera ya fue construida, queda mucho por lo cual seguir resistiendo.

La decisión del Tribunal puede y debe utilizarse como nuevo impuslo. Al final, todo esfuerzo valdrá la pena sabiendo que la destrucción de entornos tan valiosos son un punto sin retorno.

Enlace a la nota original

Esta es la historia de TIPNIS (un territorio indígena boliviano) y de cómo las comunidades que lo habitan, afectadas por la construcción de una carretera, elevaron su voz hasta llegar al Tribunal Permanente de los Derechos de la Naturaleza.

“Como indígenas en el bosque vivimos felices. Vivimos en nuestra tierra y en nuestro monte, pero una vez que no tengamos este territorio ¿dónde nos vamos a meter? Esta tierra nos la dejaron nuestros tatarabuelos para que nosotros la cuidemos así como ellos la cuidaron en aquel tiempo. Esta es nuestra lucha”. Sara Noza es una mujer indígena boliviana que ha visto la zona donde vive su comunidad, el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), amenazada por la construcción de una carretera, un proyecto que Evo Morales ha llegado a considerar “prioridad nacional” y para el que nunca se consultó a las comunidades afectadas, tal como obliga el convenio 169 de la OIT.

Durante casi 10 años, los pueblos indígenas afectados se han organizado para defender su territorio mediante marchas, protestas e incluso han llevado sus testimonios, como el de Sara, al Tribunal Permanente de los Derechos de la Naturaleza. El Tribunal recientemente ha fallado que “el Estado Plurinacional de Bolivia ha violado los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas del TIPNIS en calidad de defensores de la Madre Tierra”. Una sentencia que fortalece el movimiento y que, para los hemos luchado junto a las comunidades, supone un gran logro.

El TIPNIS es una zona protegida en la Amazonía boliviana, que ocupa 1,2 millones de hectáreas de gran biodiversidad. En este territorio viven comunidades indígenas que cuidan de la Madre Tierra, los animales y las plantas, con los que mantienen una relación espiritual. Como señala Francisco Temo, de la Comunidad Carmen del Coquinal, “hemos luchado nosotros por mantener esta naturaleza, y por tanto no queremos que sea atropellada. Queremos que se respete porque tenemos todavía los recursos naturales para nuestra subsistencia y para nuestros hijos”.

Este proyecto que hoy, por fin, el Tribunal Permanente de los Derechos de la Naturaleza exige paralizar podría suponer la pérdida de más de 600.000 hectáreas de bosque en 18 años y la desaparición, asimilación o expulsión de las comunidades indígenas. Es algo que ya ha ocurrido en otras ocasiones. Como cuenta Adhemar Mole, presidente de la organización indígena CEPMB, “todos los días vemos cambios en otras regiones, como en Cochabamba, donde se está cultivando coca y destrozando la tierra, dejándola sin vida. Hermanos y hermanas son desplazadas de sus tierras y se ven obligados a mendigar porque ya no disponen de sus tierras”. Frente al discurso gubernamental de que este tipo de megaproyectos traen desarrollo a la zona, testimonios como el de Adhemar evidencian, lo contrario.

Como señaló el propio Tribunal Permanente por los Derechos de la Naturaleza en su fallo, hay “evidencias suficientes en sentido de que la carretera ampliará la deforestación ya presente en el Polígono 7 (una zona en la que actualmente se cultiva coca) y llevará a la expansión de la producción de hoja de coca y la afectación de la biodiversidad y la pérdida de diferentes seres de la naturaleza”. Por eso en el fallo los jueces insisten que el Gobierno de Bolivia “ha incumplido su obligación de respetar, proteger y garantizar los Derechos de la Madre Tierra, según lo establecido en su propio marco jurídico nacional y la normativa internacional”. El testimonio de Teodocia Yubánure, de la comunidad San José de Patrocinio, da cuenta de esa destrucción en la zona del Polígono 7: “No queremos esa carretera porque nos destruye. Los cocaleros están entrando al territorio, están destruyendo la naturaleza, contaminan la tierra y el agua”.

El tribunal anima a Evo Morales, en un contexto de amenazas a la naturaleza y a las comunidades indígenas, a aprovechar la “oportunidad de ser el líder global que proteja los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas en todas partes. Todo lo que tiene que hacer es poner fin al proyecto de esta carretera letal para el TIPNIS”.

Enlace a la nota original

Diversas autoridades de Bolivia confirmaron las aseveraciones del Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza (TIDN) respecto a las limitaciones en el control ambiental y el avance de cultivos de coca en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

La presidenta del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, la viceministra de Medio Ambiente, efectuaron declaraciones respecto a la sentencia del (TIDN) contra el Estado Plurinacional de Bolivia.

El 15 de mayo el tribunal emitió su sentencia donde concluye que el Estado Plurinacional de Bolivia violó los derechos de la Madre Tierra (Ley 71 y 300) y de los pueblos indígenas en calidad de defensores de su territorio.

También vulneró la misma Constitución Política del Estado e hizo caso omiso al mandato de la Declaración de Tiquipaya de 2010. El tribunal formuló una serie de medidas de reparación inmediata que debe asumir el gobierno de Evo Morales.

Las propuestas van desde la paralización inmediata y definitiva de cualquier tipo de avance en la construcción de la carretera por medio del TIPNIS.

El TIDN es una instancia de la sociedad civil, con carácter ético, que tiene como objetivo investigar y dictaminar casos sobre violaciones a los Derechos de la Naturaleza, por la infracción de responsabilidades por parte de organizaciones internacionales, Estados, empresas o individuos.

Entre las principales evidencias que se hallaron es que el 58% de la histórica pérdida de bosques en el TIPNIS está en un radio de 5 km. al rededor de la carretera dentro la zona llamada polígono 7, donde se ubican sindicatos de productores de hoja de coca (Current Biology, 2018).

A ese ritmo se predijo  que el 64% del parque nacional sería deforestado en 18 años si se construye la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.

En seguida la nota completa elaborada por el archivo documental Isiboro Sécure.

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Gobierno viola derechos de la naturaleza

El pasado 15 de mayo el tribunal emitió su sentencia en la que concluye que el Estado Plurinacional de Bolivia violó los derechos de la Madre Tierra (Ley 71 y 300) y de los pueblos indígenas en calidad de defensores de su territorio, vulneró la misma Constitución Política del Estado e hizo caso omiso al mandato de la Declaración de Tiquipaya de 2010. El tribunal además formuló una serie de medidas de reparación inmediata que debe asumir el gobierno de Evo Morales. Las propuestas van desde la paralización inmediata y definitiva de cualquier tipo de avance en la construcción de la carretera por medio del TIPNIS hasta la identificación y sanción de los responsables de las violaciones a los derechos humanos en 2011 en Chaparina.

La sentencia está firmada por 26 juezas y jueces de reconocida autoridad ética y científica respecto a los derechos de la naturaleza, como Vandana Shiva, Tom B. K. Goldtooth, Fernando “Pino” Solanas, Patricia Gualinga, Cormac Cullinan, Enrique Leff, Rita Segato, María Blanca Chancoso, Arturo Escobar y Maristella Svampa, entre otros. El TIDN es una instancia de la sociedad civil, con carácter ético, que tiene como objetivo investigar y dictaminar casos sobre violaciones a los Derechos de la Naturaleza, por la infracción de responsabilidades por parte de organizaciones internacionales, Estados, empresas o individuos, en aplicación de lo establecido en la Declaración de Tiquipaya de 2010.

Entre las principales evidencias que se hallaron es que el 58% de la histórica pérdida de bosques en el TIPNIS está en un radio de 5 km. al rededor de la carretera dentro la zona llamada polígono 7, donde se ubican sindicatos de productores de hoja de coca (Current Biology, 2018). A ese ritmo se predijo  que el 64% del parque nacional sería deforestado en 18 años si se construye la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.

Reconocen limitaciones ambientales y coca excedentaria

El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, afirmó en primera instancia que el gobierno “tomará nota” de las recomendaciones del tribunal: “Como toda resolución enviada al estado de Bolivia, dentro del derecho nacional e internacional, vamos a dar debida atención a estas resoluciones para que puedan ser consideradas en las políticas nacionales”, afirmó.

Por su parte, la viceministra de Medio Ambiente, Cynthia Silva, refiriéndose al fallo admitió que existe una deuda ambiental por parte del Estado: “es cierto que falta mucho. Debemos remediar los pasivos ambientales del pasado y evitar la contaminación del presente, avanzar en procesos de transformación ambiental de la industria, la minería y otras actividades”, sostuvo en un artículo publicado en el diario La Razón el 29 de mayo.

El bloque de militantes del partido de gobierno dentro del TIPNIS, a la cabeza de Domingo Nogales, explicó que durante la gestión de Evo Morales “ha habido construcciones dentro del TIPNIS”, pues sin duda las más cuestionadas son los tres puentes de gran tamaño dentro del parque nacional sobre los ríos Isiboro, Ibuelo y Sazama, algo prohibido por la Constitución Política del Estado (CPE). Esta infraestructura viabiliza el avance del tramo II de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos y comenzó a construirse cuando la Ley que prohíbe la carretera estaba vigente.

Sobre las denuncias de avasallamiento de colonos cocaleros, la diputada Ramona Moye (MAS) reconoció que en el TIPNIS actualmente se produce coca: “de que hay coca, hay”, declaró aludiendo al polígono 7 del parque nacional, ocupado por más de 50 sindicatos de productores de hoja de coca: “yo les invito que ustedes vayan a visitarlo y es allá en el lugar donde uno tiene que saber las cosas, si hay o no hay”, se refirió a los medios.

Respecto a estas declaraciones, el diputado indígena Rafael Quispe aseguró que constató directamente dentro del parque nacional la existencia de permanente actividad del narcotráfico, e incluso pistas clandestinas para el traslado de droga: “nadie puede decir que no existe coca, lo podemos ver satelitalmente, podemos hacerlo con nuestro teléfono ahora: existe coca en el polígono 7 y alrededor existen pistas de aterrizaje, y existe narcotráfico promovido por colonizadores asociados, afiliados a las 6 federaciones”.

La presión mediática sobre el tema hizo que el 12 de junio, el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, confirmara que “en el polígono 7 sí existe registro catastro, que lastimosamente en la nueva Ley General de Coca se beneficia con el cato de coca”, al mismo tiempo explicó que fuera de ese registro “dentro del TIPNIS -que es el parque- sí tenemos información de inteligencia del CEO, que se han detectado la rededor de 15 a 38 hectáreas de nuevos cultivos, plantaditas recientemente”.

Justifican extractivismo

Pese a estas evidencias, la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra –a través de su página en Facebook-  difundió una reunión que tuvo con militantes del partido de gobierno pertenecientes al polígono 7 y al TIPNIS, en la que le transmiten su “preocupación”: “por el reciente fallo que acaba de emitir el supuesto Tribunal de la Naturaleza en contra del progreso y desarrollo del TIPNIS”.  Salvatierra indica que la sentencia -que busca frenar los impactos de la carretera, en defensa de los derechos de la naturaleza-: “lo único que buscaría este fallo es evitar que los programas del gobierno en beneficio de sus poblaciones continúen”, interpretó, cuando el documento del TIDN no hace referencia a ningún programa social del gobierno, sino a efectos ambientales producto, entre otros, de la deforestación amazónica.

En el mismo sentido, la viceministra Silva añadió que “ni en la Constitución ni en la Ley de Derechos de la Madre Tierra y menos en la Ley Marco de Madre Tierra y Desarrollo Integral se establece que la naturaleza estará intocada y que condenaremos a las comunidades y poblaciones que viven en los bosques a no acceder a los derechos a un desarrollo digno y sustentable”, indicó aludiendo al proyecto carretero parte de la Iniciativa de Infraestructura Regional Sudamericana  (IIRSA), que busca intercomunicar mercados entre Brasil y el Asia, así como hacer carreteras para el tránsito de mercancías, como denuncian investigadores.

A su vez el canciller Diego Pary se refirió a la relevancia del Tribunal – que nació en la cumbre de Tiquipaya en 2010- como “opiniones” de “un grupo que tiene la intención de hacer activismo político”, desmereciendo que los criterios científicos y éticos de un jurado reconocido internacionalmente por su lucha ecologista.

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Publicado en Animal Político, La Razón, 26/05/2019

Bolivia debería ser un ejemplo en el cumplimiento de los derechos de la Madre Tierra. En 2010 nuestro presidente, con la participación de más de mil invitados internacionales, organizó la cumbre de Tiquipaya que adoptó la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. A fines de ese año promulgó la Ley 71 que reconoce dichos derechos.

Bolivia fue el país que más promovió a nivel internacional la idea de que para garantizar los derechos humanos es necesario reconocer los derechos de la Madre Tierra. En 2014 un conjunto de personalidades y defensores de la naturaleza, que en su mayoría vinieron a la cumbre de 2010, crearon el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza (TIDN) que tiene un carácter ético y basa sus sentencias en la citada declaración. Según el propio tribunal, “sin ética ningún gobierno, institución o persona puede recuperar la humanidad que -hoy más que nunca- se necesita para evitar el colapso de los ciclos vitales de la Tierra”.

A dos años de haberse presentado al tribunal el caso del TIPNIS, y después de la visita de una comisión a Bolivia para verificar los hechos, el TIDN emitió una sentencia estableciendo que el Estado Plurinacional de Bolivia ha violado los derechos de la naturaleza e incumplido con su obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos de la Madre Tierra.

Los 26 jueces y juezas que suscriben el fallo son o fueron amigos del “proceso de cambio” boliviano. Entre ellos figuran Vandana Shiva de la India, Fernando “Pino” Solanas senador de Argentina, Nnimmo Bassey de Nigeria, Enrique Leff de México, Arturo Escobar de Colombia y Blanca Chancoso presidenta de la Ecuarunari de Ecuador, a quien el presidente Evo Morales conoce desde antes de llegar al gobierno.

Las evidencias que sustentan la sentencia son varias; entre ellas destacan la no realización de Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) integral del segundo tramo de la carretera que atraviesa por el corazón del TIPNIS, y tampoco de los tres puentes de gran envergadura construidos en el polígono 7. Así mismo, el tercer tramo de la carretera que en 2010 iba de San Ignacio de Moxos a Monte Grande fue extendido en 2015 hasta Santo Domingo, que está en la parte norte del TIPNIS, sin haber realizado el EEIA de los 48,3 km adicionales. A esto se suma la deforestación ya presente en el polígono 7 del TIPNIS, y -según un estudio del PIEB- el peligro de una deforestación de más de la mitad del TIPNIS por la construcción de la carretera.

Estas gravísimas violaciones a la Ley 1333 de Medio Ambiente eran de conocimiento de las más altas autoridades. En 2010, Juan Pablo Ramos renunció como viceministro de Medio Ambiente negándose a firmar la licencia ambiental para la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos y fue reemplazado por Cynthia Silva Maturana.

Cuando los pueblos indígenas marcharon en 2011 contra la carretera fueron reprimidos en Chaparina. Ante la gran indignación nacional, el gobierno de Evo Morales promulgó la Ley 180 que declara la intangibilidad del TIPNIS y prohíbe la construcción de la carretera. Sin embargo, meses después, aprobó la Ley 222 para llevar adelante una consulta póstuma en la que manipuló el término de intangibilidad para de anular la Ley 180.

En un canal de televisión Álvaro García Linera dijo: “¿Qué significa intangibilidad? Que usted no puede sacar una hoja. Eso es intangibilidad. Que usted no puede levantar una rama. Que usted no puede tocar nada. Es decir, no puede hacer una escuela. No puede perforar para agua potable. Eso es intangibilidad”. Esta tergiversación alucinante del vicepresidente contradice totalmente el Decreto Supremo 1146 de febrero de 2012, que reglamenta la Ley 180 de intangibilidad del TIPNIS. Este decreto no prohíbe nada de lo que afirma García Linera. Las tres prohibiciones expresas que establece son de: “1. Asentamientos humanos externos u ocupación ilegal de tierras al interior del TIPNIS; 2. Autorizar el aprovechamiento forestal maderable con fines comerciales y/o mercantiles; 3. Ejecutar megaproyectos, obras y actividades de gran escala, que provocan y/o pudieran provocar impactos ambientales y cambios socioeconómicos y culturales negativos”.

La sentencia ha puesto en evidencia las violaciones a los derechos de “la selva más hermosa del mundo”, como la calificó el famoso naturalista francés Alcides D’Orbigny, y nos convoca a redoblar esfuerzos para que en Bolivia efectivamente haya justicia para la Madre Tierra.

Las próximas elecciones presidenciales en Bolivia, que se celebrarán en octubre, ofrecen una nueva oportunidad para conservar su asombroso patrimonio natural. Las políticas anteriores en este sentido han sido contradictorias y algunas han causado impactos negativos en áreas protegidas y poblaciones indígenas.

Además de analizar dichas medidas, en un artículo publicado esta semana en Nature Ecology and Evolution, pedimos que los debates presidenciales dediquen tiempo a la política ambiental en un país con fuertes valores pronaturaleza. También queremos que la retórica verde se corresponda con la acción real.

El esplendor natural de Bolivia

Bolivia es uno de los países con mayor diversidad biológica del mundo. Se extiende desde los bosques húmedos del Amazonas hasta las vertiginosas alturas de los Andes. Increíbles animales como perezosos, jaguares y flamencos viven en esta esta nación que tiene dos veces el tamaño de España.

La nación también es culturalmente diversa: se hablan 39 lenguas indígenas. Alrededor del 40 % del país es indígena. Muchas personas aún conservan sus valores tradicionales, incluyendo una reverencia por la Pachamama.

La Pachamama, o Madre Tierra, es un hogar sagrado para aquellos que ven la vida en la Tierra como interconectada e interdependiente. Estos valores pronaturaleza son tan fuertes que más del 70 % de los bolivianos dicen que la protección del medio ambiente debe ser prioritaria, incluso a expensas del crecimiento económico. Los bolivianos dependen de la naturaleza, el agua y el clima para su alimentación, y muchos son muy conscientes de ello.

Preferencia por la conservación del medio ambiente por encima del desarrollo económico. Encuesta Mundial de Valores en Bolivia 2017, CC BY-NC

La defensa de la Madre Tierra

Por lo tanto, fue motivo de gran celebración que el presidente Evo Morales aprobara la nueva constitución nacional en 2009. La Constitución se centra en el concepto indígena de vivir bien, que significa vivir en armonía con la naturaleza y las personas.

Un año después, se aprobó la Ley de los Derechos de la Madre Tierra, que otorga derechos legales a la naturaleza. Estas leyes son pioneras internacionalmente. Bolivia forma parte del puñado de países que dan a la naturaleza carácter de persona legal.

El presidente Morales ha llamado a una fuerte acción ambiental a nivel internacional en cuestiones como la limitación del calentamiento global un grado centígrado. Estos esfuerzos resultan en que Morales y Bolivia a menudo son vistos como defensores del medio ambiente.

Políticas ambientales contradictorias

Pero estas leyes no siempre han ido acompañadas de acciones. En nuestro estudio, hemos examinado las políticas ambientales durante los 13 años de la administración de Morales, centrándonos en su impacto en las áreas protegidas nacionales.

Encontramos que durante la presidencia de Morales las áreas protegidas se abrieron a la perforación de petróleo y gas, se construyeron enormes presas dentro y en sus alrededores y la producción de ganado vacuno y soja provocó una destrucción desenfrenada de los bosques.

Áreas protegidas nacionales bolivianas (gris) y megapresas, bloques de petróleo y gas, carreteras principales y deforestación. Los autores, Author provided

Muchas de estas políticas han sido recibidas con oposición y protesta. El caso más infame es el de la carretera que atravesaría el corazón del Parque Nacional y Territorio Indígena TIPNIS. En 2011 manifestantes indígenas marcharon durante 600 kilómetros para protestar contra la construcción de dicha carretera. Después de la respuesta violenta de la policía, el TIPNIS fue declarado “intangible”.

En 2017, esa intangibilidad fue revocada, lo que provocó nuevos enfrentamientos. La carretera sigue construyéndose a pesar de que los científicos advierten que es probable que conduzca a la deforestación y a la violencia contra los pueblos indígenas.

Este no es un caso aislado. La destrucción de los bosques ha aumentado, con el departamento de Santa Cruz convertido en el principal foco de deforestación de toda la Amazonía.

La decisión de permitir la perforación de hidrocarburos en los parques nacionales también es preocupante. La extracción de combustibles fósiles causa daños locales y la quema de estos combustibles afectará a los glaciares tropicales y a las lluvias en Bolivia. Esto amenaza la seguridad del agua de consumo humano. Aunque no es uno de los mayores contaminadores, las actuales políticas climáticas de Bolivia se corresponden con un aumento de 5,1 ℃ de temperatura como consecuencia del calentamiento global.

¿Vivir bien en la naturaleza?

Creemos que Bolivia puede lograr un buen nivel de vida para su pueblo sin esta destrucción. Podría adoptar principios de no intrusión para las áreas protegidas, prohibiendo la agroindustria, la construcción y la perforación en su interior y ayudando a los pueblos indígenas a permanecer en ellas.

Además, podría revertir su plan de triplicar las tierras agrícolas y centrarse en mejorar los rendimientos de las tierras ya deforestadas. En lugar de gas y biocombustibles, el país podría atraer inversiones en energía eólica, solar y geotérmica. La región del Altiplano de Bolivia recibe tanta radiación solar que teóricamente podría alimentar al mundo entero.

Pero estas son solo nuestras sugerencias. Lo que importa son los programas electorales de los candidatos presidenciales y lo que hacen una vez elegidos.

El rol de los medios de comunicación

El elevado interés por la naturaleza en Bolivia hace pensar que este debe ser un tema clave del debate electoral. Los medios deben preguntar a los candidatos cómo abordarán en sus políticas el concepto constitucional de vivir bien. Los votantes deben tener a su disposición programas detallados en los que se explique cómo los candidatos piensan proteger la naturaleza y los derechos de los indígenas.

Bolivia es un país con un increíble patrimonio natural y cultural. Los candidatos presidenciales deben asegurarse de que sus políticas funcionen para proteger estos tesoros.

Enlace del artículo de origen

Bolivia’s 2019 presidential elections will set the course of this biologically astounding country for years to come. In a paper published in the journal Nature Ecology and Evolution, Bolivian and European scientists analyse the impact of previous policies on the country’s protected areas. They suggest future policy directions, and call for nature to be a key topic of debate in the upcoming presidential campaign.

Bolivia is one of the few biologically ‘megadiverse’ countries on Earth. It stretches from the Andes mountains to the Amazon rainforest, and is home to jaguars, flamingos, and sloths. But over the last decade, Bolivia’s nature has suffered some dramatic losses. Fossil fuel extraction, farming expansion, and road development put Bolivia’s nature and the millions of people who depend on it at risk.

The team assessed environmental policy and practice over the 13 year administration of current President Evo Morales. They highlight some groundbreaking policies, such as the recognition of the rights of nature in the ‘Rights of Mother Earth’ law. Yet these policies have not always translated into practice. In the past decade drilling for oil and gas has begun in national parks, there have been roads built through Indigenous territories, and also massive rainforest destruction. Further, policies have affected Indigenous Peoples’ rights, as there are no longer rigorous rules to consult the communities affected when large infrastructure or development projects are planned.

Alfredo Romero-Muñoz is the Bolivian researcher, currently based at Humboldt University of Berlin, who led the study. He says that ‘nature is even more key to our nation’s well-being than the economy. We need nature for everything from freshwater, to crops, to fishing. Damaging natural areas will threaten not only Bolivia’s astonishing wildlife, but the livelihoods of millions of peoples that depend on it, knowingly or not. For instance, rain across extensive parts of the country depends on the breathing of the Amazon rainforest. Beyond a certain level of deforestation, there will not be enough rain for crops to grow.’

The scientists suggest ways to balance human wellbeing and nature conservation in the country. This includes a ban on building, drilling, and mining projects in areas protected for nature. They also suggest science-based and truly participatory land-use planning to decide where to farm or build to ensure minimal damage. Further, they say the country should start to wean itself off using fossil fuels, megadams, and biofuels for energy, and invest instead in solar and wind. The Andes mountains alone receive so much solar radiation that, theoretically, they could power the entire world.

The scientists say that environmental issues should be an important topic of debate in the upcoming elections, especially as over 73 percent of Bolivians say the environment is a bigger priority than economic growth. They want the media to ask more questions on how the different presidential candidates plan to meet the needs of nature and people, and say that candidates should publish clear environmental policies in their manifestos. Romero-Muñoz emphasizes that ‘the time to save Bolivia’s nature is now. Whichever candidate wins, they must match fine words about protecting Mother Earth with meaningful action.’

Enlace de origen

Artículo completo

Además, la sentencia de 90 párrafos condena al Estado Plurinacional de Bolivia por violar los derechos de la Madre Tierra principalmente los referidos a existir y ser respetada, a su integridad y funcionamiento vital y a la regeneración de su biocapacidad y continuación de sus ciclos y procesos vitales libres de alteraciones humanas (Art. 2 – Declaración de derechos de la Madre Tierra, art. 7 – Ley 71 y art. 9 – Ley 300).

Representantes indígenas, exlíderes indígenas marchistas, activistas, académicos y otros sectores celebraron el fallo, y esperan que el gobierno cumpla con los derechos de la Madre Tierra vigentes en las leyes 71 y 300, además de la Constitución Política del Estado (CPE).

Cartilla: El caso TIPNIS y los derechos de la Madre Tierra

Un largo camino de resistencia

En octubre de 2011, la Octava Marcha Indígena logró una importante victoria con la promulgación de la Ley 180 de protección del TIPNIS, que no permitía obras de infraestructura que afecten el parque. En 2017 el gobierno nacional, que controla la Asamblea Legislativa, procedió a remplazar la Ley 180 de intangibilidad del TIPNIS por la Ley 969, que posibilita la construcción de la carretera que dividirá al TIPNIS y representa una flagrante violación a los derechos de la Madre Tierra.

El 7 y 8 de noviembre de 2017, en la ciudad de Bonn, Alemania, la Subcentral de pueblos indígenas del TIPNIS y la Subcentral de mujeres del TIPNIS, denunciaron ante el tribunal que los derechos de esta selva amazónica estaban siendo violados por el gobierno de Evo Morales.

El 16 de enero de 2019, la comisión internacional dio a conocer su informe final sobre el caso TIPNIS a través de una video conferencia en la APDHB. El informe de la comisión internacional -con base en la amplia información recopilada durante su visita- exhorta al Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza a sancionar al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia por las reiteradas violaciones a los derechos establecidos en la “Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra”, expedida en Tiquipaya, Cochabamba, Bolivia, el año 2010.

En mayo de 2019, el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza emitió su sentencia final sobre el caso TIPNIS en la que afirma que dar derechos a la naturaleza constituye una evolución del concepto de protección a la Naturaleza, considerándola como un sujeto que tiene vida. Este reconocimiento tiene dos efectos fundamentales: 1. la naturaleza tiene derechos específicos que son de la misma jerarquía que otros derechos fundamentales; y, 2. al ser los derechos de la naturaleza derechos fundamentales, quedan protegidos contra decisiones que pretendan limitar estos derechos.

La sentencia de 90 párrafos condena al Estado Plurinacional de Bolivia por violar los derechos de la Madre Tierra principalmente los referidos a existir y ser respetada, a su integridad y funcionamiento vital y a la regeneración de su biocapacidad y continuación de sus ciclos y procesos vitales libres de alteraciones humanas. (Art. 2 – Declaración de derechos de la Madre Tierra, art. 7 – Ley 71 y art. 9 – Ley 300).

El tribunal resalta que la abrogación de la Ley 180 a través de la promulgación de la Ley 969, muestra que el Estado Boliviano incumplió con su obligación de establecer y aplicar efectivamente normas y leyes para la defensa, protección y conservación de los Derechos de la Madre Tierra. Es así que el tribunal establece que el Estado Plurinacional de Bolivia viola los derechos colectivos e individuales de las naciones y pueblos indígenas del TIPNIS, que son complementarios, compatibles e interdependientes con los derechos de la naturaleza, como establece el artículo 9 de la Ley 300.

Para el Tribunal otorgar derechos a la naturaleza constituye una evolución del concepto de protección de la naturaleza, considerándola como un sujeto que tiene vida y derechos específicos fundamentales, que deben ser protegidos contra decisiones que pretendan limitarlos. En ese sentido, según la sentencia de 90 párrafos, el gobierno de Bolivia afectó el derecho de la naturaleza “a existir y ser respetada, a su integridad y funcionamiento vital y a la regeneración de su biocapacidad y continuación de sus ciclos y procesos vitales libres de alteraciones humanas. (art. 2 – Declaración de derechos de la Madre Tierra, art. 7 de la Ley 071 y art. 9 de la Ley 300).

Las evidencias que avalan el fallo fueron verificadas in situ por una comisión del mismo tribunal, que visitó Bolivia en agosto de 2018. El informe de este equipo afirmó que existe evidencia suficiente respecto a actuales y previsibles impactos ecológicos en la zona: deforestación en el polígono siete; expansión de la producción ilícita de hoja de coca; explotación forestal en el Sécure Alto; afectación a la generación hídrica en la zona; afectación a los bosques, fauna y flora; desestabilización de ecosistemas; amenaza petrolera; impactos en la vida de los pueblos indígenas; ataques a defensoras y defensores de la naturaleza; y crisis institucional del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap).

Medidas que debe adoptar el gobierno

Según el tribunal, el gobierno debe paralizar de forma inmediata y definitiva de cualquier tipo de avance en la construcción de infraestructura vial en el denominado tramo II desde Isinuta a Monte Grande al interior del TIPNIS; así como la abrogación de la Ley 969, y posterior elaboración y promulgación de una ley que garantice la conservación y protección del TIPNIS, prohíba la construcción de una carretera que atraviese su zona núcleo, a la vez que respete los derechos de los pueblos indígenas que ahí habitan.

Además de paralizar las obras de la vía por el TIPNIS y abrogar la Ley 969 que permite obras de infraestructura en el parque nacional, el tribunal pide que se adopten medidas efectivas para detener el avance de la colonización hacia la zona núcleo del TIPNIS, así como la anulación de los planes de expansión de bloques petroleros, a través de la derogación de artículos del Decreto Supremo 676.  Y el reconocimiento del derecho territorial indígena a zonas colindantes al parque nacional, como es el caso del Bosque de Chimanes.

En términos de resarcimientos, se pide la identificación y sanción de los responsables de la represión policial de 2011 en Chaparina, cuando Sacha Llorenti era ministro de Gobierno. De la misma manera, se pide que el Estado reconozca su responsabilidad así como la falta de justicia, mediante la otorgación de disculpas públicas por parte del presidente Evo Morales.

Para asegurar el derecho a defensa en caso de violaciones a la naturaleza, se pide la puesta en vigencia de la Defensoría de la Madre Tierra, según estipula la Ley 71. Así como que el Estado cese las presiones para disciplinar y controlar a los movimientos sociales; y de la misma manera garantice que indígenas sociedad civil retomen las medidas de vigilancia, control y participación en la fiscalización y defensa de los derechos de la naturaleza.

Un tribunal para defender a la naturaleza

El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza está conformado por jueces y juezas de reconocida autoridad ética y científica respecto a los derechos de la naturaleza, nombrados por defensoras y defensores de la Madre Tierra de diferentes partes del mundo. Se constituye en una instancia de la sociedad civil, con carácter ético, que tiene como objetivo investigar y dictaminar casos sobre violaciones a los derechos de la naturaleza, por la infracción de responsabilidades por parte de organizaciones internacionales, Estados, empresas o individuos, en aplicación de lo establecido en la Declaración de Tiquipaya de 2010.

Este tribunal comenzó a sesionar el 17 de enero de 2014 en Quito, Ecuador, presidido por la Dra. Vandana Shiva. El 5 de diciembre del mismo año, el Tribunal se reunió en pleno -por segunda vez- en la ciudad de Lima, Perú, fue presidida por el economista ecuatoriano Alberto Acosta. El 4 de noviembre de año 2015, el abogado y especialista en Derechos de la Naturaleza sudafricano, Cormac Cullinan, presidió la tercera sesión del Tribunal. En Bonn, Alemania, el 7 de Noviembre del año 2017, se instaló el Tribunal teniendo como su presidente al líder indígena norteamericano Tom Goldtooth. En ese lapso se han realizado adicionalmente varias sesiones nacionales y subnacionales en Ecuador, Australia, India y Estados Unidos.