El Tipnis es un territorio de ensueño y lleno de biodiversidad. Abarca 13.722 kilómetros cuadrados y en cada comunidad de esta reserva —de las 63 que existen— hay un corregidor, que es la máxima autoridad indígena. Al sur, sufre deforestación por la incursión de cocaleros que provienen del trópico de Cochabamba, región que ha sido la cuna política de Evo Morales, por lo que su dirigencia es afín al partido en función de Gobierno, el Movimiento Al Socialismo (MAS).

En el centro del Tipnis y en una parte del norte, se consolidó la dirigencia a favor del MAS, pero aún hay pueblos que mantienen la resistencia y la oposición a la carretera, la misma que ya se ha convertido en denuncia internacional. Esta lucha lleva ocho años y ha dejado una estela de sufrimiento. Uno de los episodios más dolorosos ocurrió durante la Octava Marcha Indígena hacia la sede de Gobierno, en la que más de 100 indígenas del oriente fueron brutalmente reprimidos y amordazados por fuerzas policiales en una zona conocida como Chaparina, ubicada entre Beni y La Paz.

Fernando Vargas Mosua era el líder de esa marcha. Baja su mirada cuando se le consulta sobre la represión que sufrió el 25 de septiembre de 2011. Dice dice que le duele recordar. Hoy, este dirigente indígena no tiene trabajo, afirma que lo rechazan como obrero porque hay presión del Gobierno y, además, sufrió el secuestro de una de sus hijas y tuvo que abandonar el lugar donde vivía.

Sus días son difíciles, pero no decae. “Creo que la lucha no fue en vano, pero ahora no sabemos qué pasará”, dice con un dejo de amargura y esperanza en su voz. Vive en Trinidad, la capital del Beni, en un modesto cuarto que tiene por paredes unas calaminas improvisadas. Adentro hay tres camas y una pequeña cocina. La casa es de su hermano, que tuvo que acogerlo y protegerlo ante las amenazas y acoso que sufre.

La defensa del Tipnis se remonta a 1990. Los pueblos indígenas de las tierras bajas de Bolivia dieron inicio a la primera movilización indígena denominada ‘Marcha por el Territorio y la Dignidad’. Esta protesta, que comenzó en Trinidad y tras un mes de caminata finalizó en La Paz (sede de Gobierno), marcó un hito histórico en la lucha de los pueblos indígenas bolivianos porque lograron el reconocimiento del Estado, que oficializó la existencia de los primeros territorios indígenas de la Amazonia boliviana.

Marcial Fabricano Noe, un veterano dirigente indígena que nació en el Tipnis, fue uno de los líderes de esa movilización. Ahora, 29 años después de que encabezará la columna de nativos de la Amazonía, los condujera hasta La Paz y se anotarán como un logro de esa protesta la denominación de Tierra Comunitaria de Origen (TCO) para el Tipnis -título que protege la reserva ecológica, sus usos y costumbres indígenas-, reflexiona en torno a la situación de sus hermanos y de lo que llama su ‘casa grande’.

Su conclusión es contundente: en los gobiernos que no tenían el rótulo de indígenas como el actual, de Evo Morales, los indígenas eran más escuchados y respetados.

“El gobierno actual (de Evo Morales) ha entorpecido todo este avance que veníamos desarrollando, respecto a tener un espacio propio e igualdad de derechos como ciudadanos bolivianos”, recalca Fabricano.

El dirigente ahora sufre una serie de amenazas. No puede encontrar trabajo, fue perseguido por autoridades del MAS en Beni y su familia recibió advertencias de personas anónimas. Aún así, sigue luchando por su territorio. En 2009, otros indígenas afines al partido de Gobierno lo detuvieron y le dieron azotes, argumentando que era un correctivo enmarcado en la justicia comunitaria, que es avalada por la Constitución Política del Estado.

Cuando se produjo la represión en Chaparina, el 25 de septiembre de 2011, Evo Morales sufrió la mayor crisis política de los 13 años de gestión. El aparato gubernamental tuvo que hacer una campaña mediática para contrarrestar el impacto en la opinión pública de la brutal intervención policial que buscó disolver la movilización de unos 1.500 indígenas que, siguiendo la misma ruta de la histórica primera marcha de 1990, se dirigía hacia La Paz para manifestar su rechazo a la construcción de la carretera que partiría en dos su territorio ancestral.

Esa protesta consiguió la aprobación de la Ley 180, que declaró intangible al Tipnis y evitó, al menos momentáneamente, que se construyera la carretera por el corazón del parque natural. Sin embargo, en agosto de 2017, el presidente Morales promulgó otra ley, la 266, con la que eliminó la condición de intangibilidad y abrió nuevamente la puerta a la vía.

Evo Morales paralizó el proyecto. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), que depende del ministerio de Obras Públicas, no tiene la intención de seguir con la construcción de la vía, que por ahora tiene un tramo pendiente de tres fases. El presidente de la entidad pública, Luis Sánchez, dejó claro que el plan caminero está congelado. “De momento estamos en etapa cero, no hemos entrado a construir nada. Esa es la situación real”, remarca.

Y no es así. Hay dos tramos casi concluidos. En el primero están las bases cocaleras de Evo Morales, donde personas extrañas son vigiladas en cada paso que dan. En el tercer tramo operó la empresa constructora brasileña OAS.

Desde el ministerio de Medio Ambiente y Aguas descartan planes de persecución contra los líderes del Tipnis. El ministro Carlos Ortuño señala que, al contrario, existen planes de desarrollo para los pobladores de la reserva natural. “No existe ningún tipo de persecución (en el Tipnis). El Gobierno está trabajando para que en el Tipnis haya progreso”, detalla la autoridad en contacto con El Deber.

La autoridad cita, por ejemplo, que en el parque existen proyectos de centros de transformación del cacao, curtiembres comunitarias para el manejo de cuero de lagartos en el marco del Programa Nacional de Lagarto y la instalación de carpinterías. Ortuño añade que es prioridad la dotación de agua potable y servicios básicos.

Trinidacito es la comunidad del Tipnis que más resiste al gobierno de Evo Morales. A esta zona, al norte del área protegida, no llega la atención del Estado y los pobladores viven en condiciones muy precarias y en medio de la pobreza.

Su lucha por evitar la construcción de la carretera les costó muy caro. No tienen agua potable, tampoco energía eléctrica o conexión en telecomunicaciones. La educación solo llega a nivel primario y eso cuando hay maestro. La atención en salud no existe. No hay médicos ni medicinas. Las casas son rústicas y solo se puede acceder a la zona caminando y en avioneta, cuyo costo es impagable para los comunarios, ya que oscila alrededor de 600 dólares el plan de vuelo. Para movilizarse, ellos deben caminar durante días, a fin de hacer negocios en otros poblados. En época de lluvias, los ríos Isiboro y Sécure se convierten en su principal vía de conexión.

Marquesa Teco es líder de la Subcentral de Mujeres del Tipnis. Ella lamenta que en Trinidacito no exista presencia del Estado, simplemente porque sus habitantes demandan la preservación de su territorio. Ella sufrió ataques en Trinidad, adonde tuvo que trasladarse porque sus hijos no podían acceder a la educación en suelo indígena. Su familia también es víctima de amenazas. A Teco la ven como opositora política y eso repercute en que nadie le quiera dar empleo, ni a ella ni a sus seres queridos.

“Mi esposo se fue luego de la gasificación (con gas lacrimógeno) y la represión (en Chaparina). Sufrieron mucho los niños y hubo abortos por la gasificación. A mi esposo lo maniataron y lo despacharon en una movilidad sin conocer su rumbo. Hasta hoy no hay culpables”, reprocha Teco.

Esas versiones tienen su contraparte. Ramona Moye Camaconi es diputada electa por el partido de Evo Morales. Es una indígena que proviene del Tipnis y desecha las posiciones que tienen sus detractores. Ella, como legisladora, dice que lucha por el progreso de su región y niega que los dirigentes sufran algún tipo de persecución por parte del Gobierno. Moye tiene clara su posición y aplaude que se hubiera eliminado la intangibilidad del Tipnis, mediante la ley que se aprobó en 2017.

“Los habitantes de ciertas comunidades que viven en este territorio lograron acceder a viviendas, salud, telecentros, polideportivos y proyectos para unidades educativas. Ahora queda pendiente el tema carretero, que también es un pedido de la gente. No existe ningún tipo de persecución. Es más, los dirigentes que se opusieron a la carretera ahora declaran a los medios y algunos coordinan con organizaciones no gubernamentales”, responde.

La problemática del Tipnis, que alberga a los pueblos indígenas yuracaré, tchimán y moxeño trinitario, también llegó a otros dirigentes como Benigno Noza, Félix Cayuba, Roberto Noza, Carmen Guasebe y Catalina Moy, quienes denuncian amenazas por oponerse a la carretera.

Pablo Solón es un experto en este tema. Fue parte del gobierno de Evo Morales entre 2006 y 2011, incluyendo tres años como embajador de Bolivia ante Naciones Unidas. Se marginó del aparato estatal luego de la represión policial que sufrieron los indígenas que defendían el Tipnis. El especialista, que ahora dirige una fundación que lleva su apellido y que defiende el medio ambiente, hace poesía cuando habla de esta área. Resume que la historia del Tipnis es una historia de dignidad, lucha, gloria, traición, heroísmo, represión, victoria y nueva traición contra los derechos de la Madre Tierra y de los pueblos indígenas.

Para entender esta problemática, Solón relata que 19 años después de la victoria de la primera marcha, el Gobierno de Evo Morales otorgó a los pueblos indígenas del Tipnis el título colectivo de su territorio, pero solo por 1.091.656 hectáreas. Para el año 2009, varios asentamientos de campesinos productores de coca habían ingresado al parque nacional y al territorio indígena, ocupando lo que se conoce ahora como el Polígono 7, área donde está prohibido el ingreso a foráneos sin autorización de los colonizadores (miembros de organizaciones sociales, ahora afines al MAS, que producto de la migración de occidente a oriente se asentaron entre otras partes, en el Tipnis).

El experto también destaca que este parque es el hogar de 858 especies registradas de animales vertebrados. Entre ellos se encuentran 470 especies de aves, 108 mamíferos, 39 reptiles, 53 anfibios y 188 peces, además de unas 2.500 especies de plantas sin registradas. Varias de estas especies de animales y plantas son endémicas y están en peligro. “En el Tipnis podemos encontrar diferentes tipos de bosques y ecosistemas. La altitud del territorio pasa de 180 a 3.000 metros sobre el nivel del mar, con un promedio de 350”, apunta.

Pero eso no es todo, es la región donde hay más lluvia en Bolivia, con una precipitación que supera los 3.000 mm por año, es uno de los pulmones de oxígeno y una de las bombas de agua más importantes del país debido a sus bosques, destaca Solón.

El famoso naturalista francés Alcides D’Orbigny, que exploró Bolivia entre 1830 y 1833, catalogó a este paraíso amazónico como “la selva más hermosa del mundo”, dice Solón, quien llama a la carretera que se pretende construir como el “camino maldito”.

No ve frutos para los comunarios de la reserva natural, que son indígenas, y dice que esta vía sólo beneficiaría a los colonizadores, que en su mayoría son productores de la hoja de coca. En esta zona, la mayor parte de la coca se destina al narcotráfico.

El Tipnis, al que los indígenas llaman ‘la casa grande’, ahora es una palabra que evoca un espíritu de resistencia.

Ellos lo ven como una amenaza y destrucción, el Gobierno de Evo Morales como una prioridad para convertir a Bolivia en el “corazón energético de Sudamérica”. Domingo Ocampo, un indígena mosetén, es parte de “ellos”, de quienes resisten la construcción de dos grandes hidroeléctricas en El Bala y el Chepete.

Ellos, los que forman parte de esa resistencia, son mosetenes, chimanes, esse ejas, lecos, tacanas y uchupiamonas, pueblos indígenas milenarios que han habitado “desde siempre” en el Madidi, un área protegida considerada la más biodiversa del mundo y por la que el año pasado Bolivia ‘sacaba pecho’ ante el mundo, luego de que una expedición de científicos encontró al menos 124 especies de animales y plantas que pueden ser consideradas nuevas para la ciencia.

Domingo Ocampo cree que defender el Madidi del avance de las hidroeléctricas es cuestión de vida aunque después de dos años y medio de lucha haya significado poner en riesgo su vida, igual que los demás defensores que se han convertido en los guardianes del Madidi. “Si no lo hacemos, qué le dejamos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos”, pregunta.

La Mancomunidad de Comunidades de los Ríos Beni, Quiquibey y Tuichi, conformada por 17 comunidades indígenas, el 10 de noviembre de 2016 tuvo que acudir por segunda vez a un método que le había funcionado en 2001, cuando su territorio también se sentía amenazado: bloquear el estrecho de El Bala.

Pero, ¿cómo se puede bloquear un río? Domingo sonríe al otro lado del teléfono, mientras de fondo se oye el canto de los pájaros. La tecnología permite que desde el corazón de la amazonía, en la comunidad Torewa, cuente su historia. “Estiramos alambres de orilla a orilla del río para que no pasen las embarcaciones”, dice.

 

 

Las embarcaciones que bloquearon en aquel entonces pertenecían a una empresa subcontratada por la italiana Geodata, que se había adjudicado los estudios de identificación con miras a la construcción de hidroeléctricas, proyecto que en 2007 había sido declarado de interés nacional, a través del Decreto Supremo N°29191, y que ocho años después el mismo Evo Morales anunció una inversión de 7 millones de dólares porque, según sus cálculos, significará la generación de 4.000 megavatios (MW) de energía eléctrica y que, a la vez, se traducirá en exportación de este recurso a la región y por ende, en ingresos económicos.

El plan del gobierno de Evo, quien está al mando de Bolivia desde 2006, es exportar electricidad a partir de 10.000 megavatios (MW) de potencia instalada de varias hidroeléctricas. Esta cifra es cinco veces más que la actual y si se cumpliera este objetivo, hace notar la Fundación Solón, especializada en el estudio de las hidroeléctricas en Bolivia, “no llegaría a representar ni el 2% de la potencia instalada en Sudamérica, por lo que la frase ‘Bolivia, corazón energético de Sudamérica’, con la que el gobierno inauguró su tercera gestión es un slogan sin asidero en la realidad”.

¿En qué le afecta esta la meta del Gobierno a los indígenas de Madidi? Dos de los cuatro megaproyectos hidroeléctricos con los que se planea generar los 10.000 MW de potencia hidroeléctrica están dentro de sus territorios, El Bala y Chepete, inundarían un área mayor a 771 km2. De modo que la reserva natural y riqueza cultural del parque más biodiverso del mundo, así como de la reserva de la biosfera y territorio indígena Pilón Lajas, estarían en inminente peligro de desaparición y desplazamiento.

Y la bronca es, dice Domingo, que los procesos administrativos y de exploración comenzaron sin siquiera tomar en cuenta a los pueblos ancestrales que habitan allí. Así se violó el mandato de la Constitución Política del Estado que, en su Artículo 30, garantiza el “derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada”.

Además, en el Artículo 352, la Carta Magna de Bolivia sostiene que “la explotación de recursos naturales en determinado territorio estará sujeta a un proceso de consulta a la población afectada, convocada por el Estado, que será libre, previa e informada. Se garantiza la participación ciudadana en el proceso de gestión ambiental y se promoverá la conservación de los ecosistemas, de acuerdo con la Constitución y la ley. En las naciones y pueblos indígena originario campesinos, la consulta tendrá lugar respetando sus normas y procedimientos propios”.

Pedir que se respete la ley los puso en el frente de la oposición de un Gobierno liderado también por un indígena. Este es el aspecto que más les duele.

En esto coincide Alex Villca Limaco, uno de los jóvenes líderes indígenas más activos que está al pie del cañón en la defensa de su territorio. Justo fue él uno de los que animó al casi septuagenario Domingo para que no baje la guardia. Domingo estaba cansado de pelear con Goliat, de que sus mismos hermanos “fueran cooptados” a cambio de obras; de que a la Comunidad Campesina Torewa, de la que es secretario general, le crearán una paralela con colonos afines al partido político de Evo Morales y le titularan las tierras, convirtiendo a los torewas originarios en inquilinos en su propia tierra; de que lo tildaran de divisionista y de oponerse al progreso para su pueblo y de que lo defenestraran en las redes sociales, entre otros métodos de disuasión que, según denuncian los líderes indígenas, utilizan los ‘agentes’ del Gobierno para doblegarlos.

Estas presiones llegaron después de que, en noviembre de 2016, bloquearan el estrecho de El Bala durante diez días y obligarán a la empresa que hacía los estudios de identificación a retirarse. Fue su primera victoria, pero apenas el comienzo de una gran lucha que está lejos de terminar, apunta Alex.

Alex es de la Nación Uchupiamona. Además de haber trabajado como guardaparque en el Madidi, se licenció en turismo en la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz, e hizo un posgrado en esta misma área. Se conoce palmo a palmo el territorio que defiende así como los costos socioambientales derivados de la construcción de hidroeléctricas. A él las amenazas también le han llegado de diferentes formas. Una de ellas, su formación. El ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, negó su identidad indígena “por haber estudiado en la universidad y tener un emprendimiento ecoturístico”, denuncia él.

Según archivos de prensa, lo que el ministro Sánchez declaró fue lo siguiente: “Hay algunos voceros, pero son voceros de las ONG (…). Una persona que decía no al Bala, pero, según (los) comentarios de los mismo compañeros indígenas nos decían que él (Alex Villca), era uno de los (que) tenían una empresa de turismo importante y por eso hablaba esas cosas y además, habría hecho maestría en una universidad de La Paz. Entonces ya no es indígena, ya tiene otra visión de obstaculizar los proyectos”.

Pero, ahí no cesaron los ataques. El joven líder señala que ‘voceros’ del Gobierno también le hicieron llegar amenazas, incluso a través de su familia, para que cese en su activismo, caso contrario le cerrarían su negocio. Esas amenazas quedaron en solo eso: amenazas, pero no sucedió lo mismo en el plano digital.

La creación de perfiles falsos en las redes sociales y la deslegitimación es algo con lo que lidia constantemente. Igual que otra de sus compañeras de lucha, la indígena uchupiamona Ruth Alipaz.

A ella, que también logró formarse en Administración de Empresas en la Universidad Privada de Santa Cruz (UPSA) e impulsa un proyecto en observación de aves, los dardos le empezaron a caer desde abril de 2018, cuando denunció ante el plenario del Foro Indígena de la ONU que unas 51 comunidades indígenas y campesinas en Bolivia perderán sus tierras o se verán afectadas si el gobierno de Evo Morales ejecuta los megaproyectos hidroeléctricos.

El Atlas Socioambiental de las Tierras Bajas y Yungas de Bolivia, elaborado por la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), señala que en torno a las hidroeléctricas se advierten cambios e impactos ambientales que podrían ser irreversibles. Ríos ubicados aguas abajo de las represas a construir disminuirían drásticamente sus caudales, la biodiversidad acuática disminuiría (rompiéndose el ciclo de reproducción), afectando a los humedales del entorno y a la pesca de subsistencia de los pueblos originarios. Río arriba, las inundaciones tenderían a ser más frecuentes, y provocaría mayor erosión y sedimentación. La suma de estos impactos provocaría la migración y el desplazamiento de comunidades que dependen de la flora y fauna de la región. A esto se suma la modificación del clima local y la pérdida de conectividad entre los ríos de montaña y la llanura.

Según el ex diplomático Pablo Solón, el embalse del Chepete sería de 677 kilómetros cuadrados y el de El Bala abarcaría 94. De concretarse el proyecto, ambos embalses inundarán un total de 771 kilómetros cuadrados. Eso significa que los dos embalses cubrirían un área cinco veces superior a la mancha urbana de la ciudad de La Paz, sede de Gobierno.

La inundación del Chepete y El Bala significaría la afectación a 3.214 habitantes, pero eso no es todo: en las áreas colindantes a los embalses, otras 1.950 también deberían desplazarse a otros lugares. En total, concluye Solón, deberían ser relocalizadas 5.164 personas, en su absoluta mayoría pobladores indígenas y campesinos.

El ministro de Energías, Rafael Alarcón, detalló en mayo de 2018 que el Chepete, según el estudio de prefactibilidad, era conveniente. Pero no sucedió lo mismo con El Bala, que tenía precios altos para el mercado de la época.

“Hay dinámica en esto, por lo tanto, estamos trabajando en base a la prefactibilidad, en base al mercado en situaciones que sean factibles, no vamos hacer diseño de algo que no sea factible. No vamos a construir algo que signifique pérdida, por el amor a Dios, eso no vamos hacer jamás, nunca vamos hacer instalaciones que signifiquen pérdida para el Estado boliviano”, declaró en esa época Calderón.

La autoridad remarcó que las versiones de los detractores a los proyectos hidroeléctricos se sustentan en documentos parciales y no en el estudio final, que por ahora no se conoce su resultado. Para este reportaje se requirió una nueva entrevista con el ministro de Energías, pero hasta la fecha del cierre de este reportaje no fue posible.

Para esta investigación El Deber buscó al viceministro de interculturalidad Rodolfo Machaca, pero -al verse envuelto en un escándalo por no pagar pensiones para su hijo- se negó a atender la solicitud. Posteriormente renunció y esta cartera de Gobierno continuaba, hasta el cierre de este reportaje, en acefalía. También solicitamos una entrevista con el Canciller Diego Pary, indígena quechua, pero las preguntas enviadas al área de comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores siguen sin respuestas.

A finales de marzo, el presidente Evo Morales se refirió a su plan para fortalecer el desarrollo de Bolivia en El Pueblo es noticia, un programa de la televisora del Estado, en la antesala de su resistida reelección para la gestión 2020-2025. En uno de los trece pilares de su ‘Agenda del Bicentenario’, se refirió a que Bolivia al año 2025 “será un país productor y transformador de alimentos, productor y exportador de energía eléctrica aprovechando plenamente su potencial hidroeléctrico”.

El mandatario boliviano visualiza que para 2025 el país tendría una capacidad de producción de 6.000 megavatios de energía eléctrica. “Propuse 9.000 megavatios y algunos ministros dijeron que estaba loco, pero miren ahora estamos cerca de esa meta (…) Si nos dejan ejecutar El Bala y Chepete llegaremos”, sostuvo.

Evo también se refirió a vivir en armonía con la naturaleza. “Es obligación del Estado garantizar el pleno acceso del pueblo boliviano a esos servicios en condiciones equitativas y en equilibrio y armonía con la Madre Tierra”, dijo, refiriéndose al pilar de su ‘Agenda del Bicentenario’ referida a la “soberanía sobre nuestros recursos naturales con nacionalización, industrialización y comercialización en armonía y equilibrio con la Madre Tierra”.

Actualmente, según un estudio de la Fundación Solón publicado en febrero de 2019, El Bala y Chepete ya disponen de la siguiente documentación: un estudio de identificación que define su ubicación realizado por la consultora italiana Geodata, las fichas ambientales y un estudio de diseño técnico de preinversión que está en elaboración.

La resistencia logró paralizar el proyecto, por ahora. Pero hay voces que buscan revivirlo, por lo que –para los pobladores del Madidi- la defensa no para. Los resistentes no quieren más sangre en el rostro indígena de Bolivia.

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Los indígenas del Tipnis, que se oponen a la construcción de una carretera por en medio de su territorio y debido esa oposición acusan el abandono del Estado y persecución a sus líderes. Igual que los del Madidi, se sienten doblemente heridos y luchando contra Goliat porque es un “hermano indígena” quien ahora dirige el gobierno de Bolivia y no los escucha. Más al contrario, que los tiene como opositores.

Fernando Vargas Mosua: “Mi hija fue secuestrada”

Aquel 25 de septiembre de 2011, él era uno de los que lideraba la marcha indígena hacia La Paz. Se oponían a la construcción de una carretera por medio del Tipnis. Era un domingo y en pleno descanso sintió los golpes de los policías. Así iniciaba una represión contra los indígenas que defendían su territorio. A él lo maniataron, golpearon y luego subieron a un bus con rumbo desconocido. Lo dejaron en una población cercana y escapó, junto a otros indígenas, al reencuentro de la marcha. Los episodios tristes continuaron después de la marcha de 64 días, que logró paralizar temporalmente el proyecto carretero. Dice que a consecuencia de esta protesta recibió desde amenazas de muerte hasta el secuestro de una de sus hijas en 2015. Derrama lágrimas al recordarlo. Fue la prueba más dura que, incluso, lo llevó a abandonar su lugar de residencia, pero no su lucha en defensa del Tipnis.

Roberto Noza Temo: “Nos castigó (el Gobierno) por no dar el último voto”

Para el veterano dirigente que participó de la primera marcha indígena en 1990, vivir amenazado se convirtió en una costumbre. Desde ese logro las amenazas no pararon, pero lamenta que en un Gobierno llamado popular e indígena siga esa forma de persecución. “Este territorio está amenazado por muchas cosas. Anularon una ley que no nos hace dueños de nuestro territorio. Pero aún así seguiremos luchando para que nuestros hijos y nietos tengan su territorio natural. No estamos en contra de las cosas buenas que hace este Gobierno. Como no hubo frutos en esta comunidad, el último castigo fue sacarnos a los médicos y enfermeros. Todo esto por defender nuestro territorio”, sostiene. Ve como un castigo el abandono gubernamental a las comunidades que se oponen a la carretera e insiste en que esa resistencia le afectó a él y su familia en el ejercicio del trabajo en ciudades capitales vecinas al Tipnis.

MARCIAL FABRICANO NOE: “Me flagelaron solo por hablar de la libertad”

Es un veterano dirigente indígena moxeño trinitario que no se cansa de resistir. Lideró la primera marcha indígena de tierras bajas en Bolivia en 1990. Sereno y con voz firme, Fabricano no deja de mencionar a Dios en sus declaraciones. Dice que, lo que le duele más es haber sido agredido por el gobierno de un presidente indígena. Tras lidiar con varios mandatarios de derecha y neoliberales, Fabricano concluye que tuvo más acuerdos con ellos que con Evo Morales. Los últimos diez años lo pasó mal. La persecución que sufre y que responsabiliza a personeros del Gobierno, evita que pueda encontrar un trabajo. Vive de la agricultura y de charlas que brinda en universidades. Con dolor recuerda que en 2009, la parte indígena que apoyaba al Movimiento Al Socialismo (MAS) lo torturó con 38 azotes, por no alinearse -según su versión- a las políticas que impulsaba el partido oficialista.

CARMEN GUASEBE NOE:  “El Gobierno nos dio la espalda”

Es la líder femenina de la comunidad Trinidacito. Su mayor preocupación es ver a sus hijos con escasa educación. En ese poblado las clases no empiezan a tiempo y la enseñanza no llega a nivel superior. Eso obliga, dice, a que muchas familias migren a ciudades capitales. A su vez, esa migración conlleva a la desaparición de los pueblos, a pesar del compromiso gubernamental de llevarles educación. “Vino el ministro Juan Ramón Quintana a prometer la construcción de una escuela, pero no hay nada. Nos prometen todo. Ya no confiamos en la gente que llega, porque solo son promesas. Acá la escuela está hecha por nuestras manos, como muchas obras. Pero además no tenemos acceso a la comunicación, no tenemos internet, a pesar de que llegaron a instalar un telecentro”, reclama, firme en su creencia de que la resistencia a la carretera provocó que el Gobierno deje a un lado las demandas de su comunidad.

MARQUESA TECO MOYOVIRI: “Los pueblos indígenas seguimos en la lucha”

Es experta en artesanía. Realiza sombreros tejidos a mano con paja. Sobrevive con los ingresos de esa ocupación, aunque admite que es muy poco para mantener a su familia. Afirma que ser activista de la defensa del Tipnis le ha traído como consecuencia que a ella y a su esposo se le dificulte encontrar trabajo. Marquesa sufrió, según relata, persecución por parte de los grupos afines al Gobierno del MAS e incluso intentaron desalojarla de su sede, ya que ella representa a las mujeres de la reserva ecológica. “Hemos sufrido mucho en esta lucha por defender nuestra casa grande que es el Tipnis. Como mujer sufrí mucho, fui amenazada, me dijeron que no era del lugar y los grupos afines al MAS nos desconocen. Pidieron que nos desalojen de nuestro territorio. Como dirigente sufrí un intento de desalojo de la sede de las mujeres indígenas”, señala la líder indígena.

CATALINA MOYE YUBANARE: «Nuestro vivir en el Tipnis es triste por el abandono”

Vive en la comunidad Trinidacito, de donde es dirigente. Llama al Tipnis su ‘casa grande’ y cree que su defensa es cuestión de vida; sin embargo, esta acción ha derivado en problemas no solo para ella, sino también para su hermana, que tuvo la posibilidad de estudiar Enfermería en Trinidad, la capital de Beni. La joven profesional trabaja en un hospital público administrado por la Gobernación de ese departamento, que ahora está al mando del Movimiento Al Socialismo (MAS). Señala que lo que nunca creyó que pasaría, pasó: amenazaron a su hermana con despedirla del trabajo por su lucha contra la carretera. “Le dijeron que, si no estaba a favor del Gobierno, la iban a despedir y que, si yo sigo en la resistencia, también sería echada. Es la única hermana profesional y ella ayuda económicamente a la familia”. Califica de “triste” la situación en la que se encuentra su comunidad.

BENIGNO NOZA SEMO:  “Defendemos la herencia de nuestros padres”

Es directo. No da vueltas al momento de hablar. Va sin miedos y acusa al Gobierno del MAS de anunciar obras fantasmas en su comunidad, Nueva Galilea, al norte del Tipnis. Esa denuncia la hizo en 2017 y hasta ahora, según cuenta, sufre persecución política. No puede quedarse en un lugar sin recibir amenazas. Y no solo él, también su familia. Agarra un viejo folleto de propaganda gubernamental. En ese material se ven fotografías de infraestructuras que, supuestamente, la administración de Morales construyó. Se ven una escuela y viviendas sociales. Noza dice que no hay nada y que ahora recién se está construyendo un pequeño colegio. Quería trabajar ahí como albañil, pero le negaron. “Después de hacer esa denuncia en Trinidad, no puedo encontrar trabajo. Solo dije la verdad: en mi comunidad no había obras, toda esa propaganda era fantasma y querían engañar a la población”, lamenta.

RUTH ALIPAZ CUQUI: “Estamos luchando contra la hidroeléctrica”

Es orgullosa de sus raíces uchupiamonas, una de las 36 naciones indígenas reconocidas en la Constitución de 2009 con la que Bolivia dejó de ser república y se convirtió en Estado Plurinacional. Pese que, desde el Gobierno la han tildado de formar parte de la minoría que se opone al desarrollo y de negarle su condición de indígena, ella no cesa en su lucha. Tampoco la amilanan ‘las trabas’ del sistema de impuestos a su emprendimiento en observación de aves y proyectos ecoturísticos, que se han traducido en la hipoteca de su vivienda. Ella va de frente y sin miedo. “Cuando las puertas se cierran en Bolivia, ¿qué queda? Salir donde podemos ser escuchados. Por eso en abril de 2018 acudimos a las Naciones Unidas para denunciar la violación a nuestros derechos como pueblos indígenas”, dice. Resume que su lucha contra las hidroeléctricas es porque “borrarán del mapa el territorio de seis naciones indígenas. Es por el derecho a existir”.

FÉLIX CAYUBA YUCO: “”El Gobierno nos ha marginado, pero seguimos firmes”

Es el corregidor de la comunidad Trinidacito, al norte del Tipnis. Siente que la resistencia que viene realizando hace años perjudica el desarrollo de su pueblo, que ahora está abandonado de cualquier iniciativa gubernamental. No sufrió amenazas ni ataques directos, pero el ver a su comunidad abandonada, le pesa mucho más. “El Gobierno no llega acá porque es una comunidad de resistencia a la carretera. A nosotros no nos favorece en nada ese camino, pasa muy lejos de acá. Por eso nos oponemos y por eso nos abandonan. Eso duele más que uno propio reciba ataques directos o familiares, ya que ver a tus hermanos sin trabajo, a los niños sin estudiar y a la gente sin agua ni luz, duele mucho más”, dice. Trinidacito es una de las pocas comunidades que resiste contra la carretera en medio del Tipnis. La población no tiene agua potable, energía eléctrica, alcantarillado y el acceso a la salud es precario.

ÁLEX VILLCA LIMACO: “Por mi acción de defensor he sido desconocido como indígena”

“Ríos para la vida, no para la muerte”. Es la máxima de la lucha contra las hidroeléctricas de este joven indígena uchupiamona que se ha convertido en guardián del Madidi. Ser defensor del medioambiente en Bolivia es complicado, dice, “por la persecución, el amedrentamiento, la descalificación y los intentos por acallar a quienes se constituyen en voces de resistencia”. Cuenta que gente afín al gobierno del MAS lo ha calificado de todo. Por ejemplo, lo acusan de recibir dinero de ONG para oponerse a las hidroeléctricas, de ser un ‘agente del imperio’ o de la derecha, pero el colmo -dice- fue “ser desconocido como indígena por haber estudiado una maestría e impulsar el ecoturismo en su territorio”. Afirma que los ataques no quedaron en descalificativos públicos o en redes sociales, sino que llegaron hasta su familia y que incluso amenazaron con cerrarle sus emprendimientos. Pese a ello, sigue firme en su lucha.

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• Investigación: Iván Paredes Tamayo y Nelfi Fernández Reyes
• Imágenes: Alejandro López Baptista
• Colaboración: Pamela Rocha, Alexander Vidal y Pablo Cambará