El compendio documental Isiboro Sécure estará presente para hablar sobre preservación, memoria y democratización de la información este viernes 29 de octubre a horas 9.00 am: Ver programa en este enlace.

Este archivo está compuesto por casi 800 documentos de distinta naturaleza, que abarcan los últimos 30 años de historia de la región amazónica de los ríos Isiboro y Sécure. Es una experiencia de rescate, recopilación, digitalización y clasificación de documentos para mejorar y democratizar el acceso a la información en población indígena, joven y de base comunitaria: un corpus del archivo se encuentra ubicado en la Unidad Educativa Instituto Técnico Agropecuario Kateri Tekakwitha sobre el río Isiboro en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), otro corpus se encuentra en la ciudad de Trinidad en la Pastoral Indígena -junto a un respaldo en disco externo-, y la misma documentación se alberga en la página web: tipnisbolivia.org. Con base en el compendio, se trabajó en procesos de memoria social con estudiantes indígenas y algunos comunarios y comunarias, un avance para futuros procesos de gestión territorial y cambios socioculturales en las tierras bajas de Bolivia.

Transmisión por: 

Youtube UCB – Sede Tarija                                               

Facebook Live UMSA Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación                                                                            

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Desde 2017 funcionaron dos dirigencias del Tipnis: una dirigencia paralela crítica que en 2018 interpuso una denuncia ante el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza por los previsible impactos de actividades extractivas en el Tipnis, como ser la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos. Así, mientras la dirigencia de Nogales funcionaba en las oficinas de la Subcentral Tipnis, la dirigencia paralela funcionaba en las oficinas de la Subcentral Sécure, ambas de la ciudad de Trinidad.

Ante la culminación de funciones del directorio de Nogales (y por ende de la dirigencia paralela crítica), varias comunidades demandaron la convocatoria a un encuentro de corregidores (autoridades comunitarias) para una nueva elección de directorio. Fruto de este 35 encuentro salió electo un nuevo directorio encabezado por Benigno Noza, conocido por ser un comunario que defiende el territorio y rechaza la carretera y otros proyectos extractivos en el Tipnis. El señor Noza en uso de sus atribuciones tomó las oficinas de la Subcentral Tipnis en diciembre pasado, sin una directiva que lo reciba. Cabe aclarar, que esta fracción ha aclarado -según declaraciones de la antropóloga especialista en la zona Sarela Paz- haber realizado una convocatoria conforme establecen los estatutos internos del Tipnis: convocaron a todas las comunidades e incluso a la dirigencia de Nogales, así como a la dirigencia crítica a Nogales, asumiendo que el intento de Nogales era prorrogarse en un cargo que ya no le competía.

Entrevista a la antropóloga Sarela Paz sobre el conflicto

Sin embargo, el pasado 9 de febrero, las oficinas de la Subcentral Tipnis nuevamente fueron tomadas por un bloque de comunarios y dirigentes de otras comunidades, sobre todo del Consejo Indígena del Sur (Conisur) -que representa las comunidades yuracarés de la zona avasallada por sindicatos productores de hoja de coca y que por esa razón están influenciados por cocaleros-. Junto a este grupo estuvo Fernando Vargas, excorregidor del Tipnis, cabeza de la VIII Marcha en defensa del Tipnis contra la carretera y recientemente funcionario del gobierno transitorio de Jeanine Añez. Como sostiene Sarela Paz, la presencia de este dirigente contra la nueva directiva crítica a la vía, se debe a un cambio de posición política: antes representaba los intereses antiextractivistas y ahora no, de hecho, la especialista subraya que Vargas haya estado actúando junto a Carlos Fabricano, esposo de una exdiputada indígena del Tipnis por el partido de Evo Morales y funcionario de la gobernación del Beni ocupada por el MAS, persona que presionó a varias comunidades, sobre todo chimanes, para que acepten el proyecto carretero.

Toma de las oficinas de la Subcentral Tipnis por grupos afines a Conisur

Por su parte, el directorio de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B), a la que está afiliada la Subcentral TIPNIS, decidió este miércoles dejar sin efecto los mandatos de las dirigencias que disputan la representación del territorio y convocó a un nuevo encuentro de corregidores para el 15 de mayo en la comunidad San Miguelito. La decisión fue asumida junto a cinco corregidores representantes de la Subcentral del Tipnis y cinco del Consejo Indígena del Sur (Conisur), quienes avalaron esta medida.

“Los puntos centrales abordados en la reunión orgánica han establecido que (…) ante la falta de unidad orgánica, que debilita las acciones para enfrentar esta y otras necesidades que viene sufriendo el territorio, se han tomado las siguientes definiciones con la finalidad de superar la división orgánica y avanzar hacia la implementación y consolidación del fortalecimiento orgánico”, expresan en el acta de reunión que desarrollaron este miércoles.

Actualmente el territorio se enfrenta a varios problemas estructurales, entre los que está la debilidad orgánica, la falta de una agenda reivindicativa que aborde el problema del área protegida Tipnis y el cambio de director y guardaparques, así como combatir la pandemia y las previsibles inundaciones estacionales.

Marcial Fabricano Noe en su ultimo cumpleaños, 2019.

Marcial fabricano nació un 10 de julio de 1953 en San Lorenzo de Moxos (Beni), muy joven se trasladó a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra a trabajar, allá conoció a su esposa Ruth Ortega. Pronto volvió a su tierra natal, el Beni, trasladándose a Puerto San Lorenzo, en el recientemente creado Parque Nacional Isiboro Sécure. Allí comenzó a darle valor a su idioma materno, el mojeño, y a practicarlo con sus parientes y demás allegados. Sus padres fueron lomasanteros, es decir, buscadores de la Loma Santa, movimiento mesiánico inaugurado por el líder espiritual Andrés Guayocho en el siglo XIX.

Marcial Fabricano en el Seminario sobre Manejo de Recursos Naturales del TIPNIS, 1990. Foto: CIDDEBENI.

En Puerto San Lorenzo, Marcial comienza a predicar el evangelio al resto de los comunarios y desde entonces su figura se consolida como una autoridad espiritual en la comunidad, a la que acuden numerosos comunarios para resolver conflictos familiares y recibir la narración del evangelio. A las orillas del río Sécure, Marcial y su esposa Ruth comienzan una larga vida que pronto les dará sus primeros hijos.

Marcial Fabricano (de pie) participando en el Seminario Internacional sobre Bosques Tropicales en Bolivia, 1989. Foto: CIDDEBENI.

El 24 de julio 1988, Marcial junto a comunarios de Puerto San Lorenzo y otros de comunidades cercanas, crean la Subcentral de Cabildos Indigenales de la Región Isiboro – Sécure, durante el primer encuentro de corregidores y representantes indígenas de la región. Los asistentes a la reunión nombran a Marcial Fabricano Noe, presidente de la organización territorial, compartiendo la directiva con el vicepresidente Rufino Yaveta, el secretario Raúl Nosa y el tesorero Justo Guaji.

De izquierda a derecha: Marcial Fabricano, Tomás Ticuazu y Ernesto Noe. En la Primera Marcha de 1990. Foto: CIDDEBENI.

En 1990, Marcial Fabricano participa activamente en la Primera Marcha Indígena Por el Territorio y la Dignidad, encabezando la movilización junto al mojeño Ernesto Noe y al sirionó Tomás Ticuazu. La marcha logró el reconocimiento de los pueblos indígenas de la Amazonía boliviana por parte del Estado, así como la titularidad de tres de sus territorios indígenas en favor de sus organizaciones territoriales. Entre esos territorios está el Isiboro – Sécure, que pasó a denominarse Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) luego de la promulgación del Decreto Supremo 22610 de 1990.

El profesor Arnaldo Lijerón (con sombrero) entrevistando a Marcial Fabricano durante la Primera Marcha de 1990. Foto: CIDDEBENI.

En 1997 Marcial es candidato a vicepresidente por el partido político Movimiento Bolivia Libre (MBL). Asimismo, el Tata mojeño ocupó varias carteras dirigenciares tanto de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB) como de la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB). También, en 2002 ocupó el cargo de viceministro de Asuntos Indígenas durante el gobierno de Gonzalo Sanchez de Lozada.

Durante los últimos años, se ha dedicado junto a su esposa a administrar una pequeña tienda en el Mercado Campesino de Trinidad, donde vende alimentos, pan y es muy conocido por preparar de forma casera y vender una rica chicha «camba». Allí nunca faltan las reuniones con sus amigos para charlar sobre política y la situación de los pueblos indígenas, el TIPNIS y temas relacionados con el medio ambiente.

Una reflexión permanente de Marcial durante estos últimos años, tiene que ver con realizar un llamado a los primeros marchistas y demás ancianos mojeños y yuracaré del TIPNIS para juntos recorrer en canoa todas las comunidades del territorio con el objeto de unificar las organizaciones territoriales y consolidar la defensa territorial frente a los proyectos extractivos.

Y es que en los últimos años, Marcial nos ha demostrado ser un acérrimo defensor de la vida y del TIPNIS, por ende opositor al proyecto carretero Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, que atravesaría el corazón del territorio indígena fomentando la colonización de la región por sindicatos de colonos, ganaderos y transnacionales.

Por eso mismo, y -además- en este contexto tan duro de crisis socioambiental global, necesitamos compañeros como vos, Marcial, con el que intercambiar ideas y acciones concretas para mejorar el entorno que nos rodea. Te mandamos buenos pensamientos y deseamos tu pronta recuperación Tata. Desde aquí, también queremos mandarle mucho animo a toda la familia, que ahora se encuentra en cuarentena, en especial a su esposa, que se encuentra muy afectada por la situación, y a su hijo Ronald que está pasando por la misma enfermedad.

Marcial Fabricano en Trinidadcito, esperando la llegada de los miembros del Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza, 2019. Foto: Coordinadora de Defensa de los Territorios.

John Kudrenecky y otros en los 90. / Archivo de CIDDEBENI

Con gran pesar compartimos la noticia del fallecimiento de John Kudrenecky este viernes 13 de diciembre en un accidente de tránsito en la carretera San Ignacio – Trinidad.

John contribuyó con su trabajo y compromiso a los procesos de manejo y gestión territorial en las tierras bajas desde 1990, año en que llegó a Bolivia y se unió al equipo de CIDDEBENI. En tres décadas de trabajo en el país, John trabajó también en la Fundación Natura, HOYAM Moxos, y en la Dirección de Planificación y Medioambiente del municipio de San Ignacio de Moxos.

Aunque nuestra amistad con John fue lamentablemente breve, queremos recalcar en esta nota su papel en los procesos de gestión territorial indígena en los llanos de Moxos y su rol fundamental en la preservación del archivo documental de CIDDEBENI, que es una fuente excepcionalmente valiosa de información sobre los procesos de organización y gestión territorial indígena, y la historia del Beni. Sin el generoso apoyo y paciencia de John, la compilación del Archivo Documental Isiboro Sécure no hubiera sido posible en sus dimensiones actuales.

La partida prematura de John es una gran pérdida para el país. Expresamos nuestras condolencias y solidaridad a su familia, amigos y colegas.

El equipo del Archivo Documental Isiboro Sécure

El investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro del colectivo Alerta  Amazónica, Marc Gavaldà, estará este jueves 25 de julio a horas 18.00 en la Casa Museo Solón para conducir el conversatorio «Documentales sobre la frontera extractiva en la Amazonía boliviana (Madidi y TIPNIS)». En los que tratará fundamentalmente las diferentes actividades extractivas que avasallan territorios indígenas y áreas protegidas del norte amazónico boliviano y el TIPNIS.

Durante el conversatorio, Gavaldà y su equipo documentalista expondrán los avances de sus últimas investigaciones audiovisuales en la región amazónica del norte boliviano (PN ANMI Madidi, TCO Tacana I y TCO Tacana II).

Marc Gavaldà es autor de las investigaciones audiovisuales Los Nahua, 20 años después (2012) sobre el contacto con el pueblo indígena Nahua de Perú; Alerta Amazónica. Pueblos acorralados por el gas (2013) sobre las operaciones de compañías petroleras en la amzonía peruana; Asfaltar Bolivia (2015) sobre la carretera por el TIPNIS; y Lágrimas de Aceite (2017) sobre los derrames de petróleo en la Amazonía peruana; entre otras.

Además, es autor de los libros: Las manchas del petróleo boliviano: tras los pasos de Repsol en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (1999); La recolonización: Repsol en América Latina: invasión y resistencias (2003); Viaje a Repsolandia. Pozo a pozo, por la Patagonia y Bolivia (2006); Gas amazónico: Los pueblos indígenas frente al avance de las fronteras extractivas en Perú (2013); entre otros. 

Directorio de la Subcentral de Cabildos Indigenales de la Región Isiboro Sécure, 1988. / Fotografía en posesión de Marcial Fabricano

Tal día como hoy, un 24 de julio de 1988 se constituye la Subcentral de Cabildos Indigenales de la Región Isiboro Sécure (en la actualidad denominada Subcentral TIPNIS) en la comunidad de Puerto San Lorenzo del Parque Nacional Isiboro Sécure, hoy Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

Mojeño, yuracaré y tsimane’ se organizan

Todo tuvo lugar durante el I Encuentro de Corregidores y Representantes Indígenas de la Región Isiboro-Sécure en la comunidad indígena Puerto San Lorenzo, sobre el río Sécure,  los días 21, 22, 23 y 24 de julio de 1988. En el evento participaron representantes indígenas mojeños y yuracaré de las comunidades: Puerto San Lorenzo, Natividad del Plantota, Concepción de Imose, Trinidacito, San Lorenzo de Mojos, San Francisco de Mojos, San Luis de Mojos, San Ramón del Ichoa, San José de Patrocinio, Nueva Lacea,San Pablo, Puerto Totora, así como participantes indígenas de la capital departamental Santísima Trinidad.

El encuentro fue convocado por la Central de Cabildos Indigenales Mojeños (CCIM) a solicitud de las comunidades. En el encuentro se consideraron temas como la posesión, tenencia y titulación de la tierra, el tráfico inescrupuloso de flora y fauna por personas ajenas al Parque Nacional y la colonización de tierras del Parque Nacional desde Cochabamba. El encuentro se desarrolló con el apoyo de la Central de Cabildos Indigenales Mojeños, el Cabildo Indigenal de la Santísima Trinidad, la Casa de la Cultura del Beni y el Centro de Información y Documentación para el Desarrollo del Beni (Ciddebeni).

Resoluciones

Entre otras cosas, los participantes del encuentro resolvieron llevar adelante la lucha por los derechos indígenas, demandar servicios básicos de salud y educación para las comunidades, organizar a las mujeres indígenas, mantener las lenguas nativas y crear una subcentral de corregidores y representantes de la región Isiboro Sécure (vea aquí la resolución del I Encuentro).

En este sentido y como primera ejecución de las demandas de las comunidades, el 24 de julio se conformó el directorio de la Subcentral de Cabildos Indigenales de la Región Isiboro Sécure a la cabeza de Marcial Fabricano (presidente), Rufino Yaveta (vicepresidente), Raúl Nosa (secretario de actas), Justo Guaji (tesorero), Honorato Moy (secretario de salud y educación), Carlos Cayuba, Raimundo Moy y Carmelo Maleca (responsables de organización), Benita Fabricano (vinculación femenina), Felix Cayuba, Luis Nosa, Erminio Fabricano, Francisco Temo y Florentino Tamo (vocales). Además, ese mismo día se conformó la Subcentral de Mujeres Indigenas a la cabeza de Leticia Moye.

A 31 años de creación de la Subcentral del Isiboro-Sécure

La Subcentral nació como un instrumento político y social con el objetivo de interpelar al Estado neocolonial boliviano en la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas y la titulación de las tierras que han ocupado durante siglos. En la actualidad, la lógica y estructura de las organizaciones indígenas se ha tornado funcional al Estado mediante la cooptación de los dirigentes por los gobiernos de turno (en especial durante el gobierno de Evo Morales), lo que ha provocado una crisis organizacional sin precedentes en la historia contemporánea de Bolivia. Una crisis que en el TIPNIS ha provocado la existencia -en la actualidad- de al menos cinco organizaciones indígenas.

En un momento de tanta debilidad y fragmentación organizacional en el territorio boliviano, tenemos la esperanza de que este recordatorio pueda ser un llamado a la reflexión orgánica de las formas de organización de las comunidades indígenas en la región del Isiboro-Sécure y otros territorios de Bolivia.

“La selva más hermosa del mundo”. Así describió Alcides D’orbigny, biólogo francés, el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) tras explorar Bolivia entre 1830 y 1833.

Ubicada entre los departamenos de Beni y Cochabamba, el Tipnis es un área natural protegida que abarca unos 12.363 kilómetros cuadrados en la Amazonía boliviana. Es uno de los sitios con mayor biodiversidad del mundo y hogar de diferentes pueblos indígenas, entre ellos los Mojeños Trinitarios, los Tsiman y los Yuracaré.

Pese a su condición de Parque Nacional y Territorio Indígena, desde hace décadas que se busca construir en el sitio una carretera, dividiéndolo en dos y causando graves daños ambientales y sociales, algunos de los cuales ya han ocurrido pues dos de los tres tramos de la vía ya fueron construidos.

Sin embargo, la lucha de los pueblos indígenas del Tipnis por defender su territorio y modos de vida no ha cesado. Y recientemente obtuvieron una victoria que constituye un precedente legal internacional para la protección del ambiente y los derechos humanos.

El mes pasado, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TIDN) dictaminó que el Estado boliviano “violó” los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas que habitan el Tipnis por alentar la construcción de la carretera.

El Tribunal, integrado por personas comprometidas con el ambiente, fue creado en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, en abril de 2010, cuando se firmó además la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra.

Su función es establecer e investigar cualquier violación de derechos estipulados en la Declaración y en las normas internas de cada país. Determina si hubo o no violación y quién es responsable. Realiza recomendaciones, opiniones consultivas y puede determinar medidas provisionales.

la defensa indígena de la Amazonía boliviana

La resistencia de pueblos indígenas a la construcción de una carretera en medio del Tipnis lleva años y ha traído mucho sufrimiento. El episodio más doloroso ocurrió en 2011 cuando más de 100 indígenas que marchaban a La Paz, sede del gobierno boliviano, fueron brutalmente reprimidos por policías. Pese a ello, esa movilización logró la promulgación de una ley que otorgó al parque nacional la condición de “zona intangible” o reserva absoluta.

Lamentablemente, seis años después, esa ley quedó sin efecto cuando se promulgó una nueva ley mediante un proceso más que expedito.

Representantes de los pueblos indígenas del Tipnis denunciaron éste y otros hechos ante el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, organismo que aceptó considerar el caso en enero de 2018 y que decidió enviar una comisión internacional de observadores que visitó la zona para entrevistarse con todos los actores involucrados.

Los representantes indígenas denunciaron ante el Tribunal que pese a tratarse de un solo tramo, el proyecto fue presentado por separado, con tres fases o tramos, de los cuales solo falta construir el central.

Otras irregularidades incluyen la adjudicación del proyecto a una empresa brasileña sin contar con la evaluación de impacto ambiental; y la falta de una consulta adecuada a las comunidades indígenas afectadas.

En la sentencia emitida el 15 de mayo, el Tribunal, además de encontrar responsable al Estado boliviano de la violación de derechos, solicitó medidas de cumplimiento inmediato, entre ellas:

1. La paralización definitiva de cualquier avance en la construcción de la carretera;
2. Reconocer las facultades de los pueblos indígenas, como su autonomía territorial y su derecho a la consulta previa, para garantizar su control dentro del Tipnis;
3. Anular la ley que le quito la cualidad de zona intangible al Tipnis;
4. Detener el avance de la colonización hacia la zona central del parque nacional;
5. Anular los planes de expansión petrolera en el sitio;
6. Aplicar efectivamente las normas que garanticen la protección de los derechos de la Madre Tierra; y
7. Garantizar a los pobladores indígenas el cumplimiento de su papel fundamental como defensores de la Madre Tierra.

Lo que viene para el Tipnis

Aunque la sentencia del Tribunal no es de cumplimiento obligatorio, es un precedente establecido por un tribunal ético y reconocido. Por ello la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca del Amazonas, una organización indígena internacional, anunció que usará el fallo como instrumento de prueba para llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La situación es compleja.

La construcción del tramo que falta fue suspendida tras perderse el crédito para su ejecución, pero algunos sectores defienden la vía como obra fundamental para conectar el centro y el norte del país, facilitando además el acceso a servicios básicos y a otras oportunidades de desarrollo para las comunidades del Tipnis. Por otro lado está la degradación ambiental de una zona rica en biodiversidad pues la carretera sería solo el origen de otras actividades dentro del área protegida.

Creo que nadie tiene respuestas absolutas y no se trata de hacer un juicio de valor, si no de cumplir las leyes, cuya existencia reside en la razón y en lo que es o debería ser justo. Aunque parte de la carretera ya fue construida, queda mucho por lo cual seguir resistiendo.

La decisión del Tribunal puede y debe utilizarse como nuevo impuslo. Al final, todo esfuerzo valdrá la pena sabiendo que la destrucción de entornos tan valiosos son un punto sin retorno.

Enlace a la nota original

Esta es la historia de TIPNIS (un territorio indígena boliviano) y de cómo las comunidades que lo habitan, afectadas por la construcción de una carretera, elevaron su voz hasta llegar al Tribunal Permanente de los Derechos de la Naturaleza.

“Como indígenas en el bosque vivimos felices. Vivimos en nuestra tierra y en nuestro monte, pero una vez que no tengamos este territorio ¿dónde nos vamos a meter? Esta tierra nos la dejaron nuestros tatarabuelos para que nosotros la cuidemos así como ellos la cuidaron en aquel tiempo. Esta es nuestra lucha”. Sara Noza es una mujer indígena boliviana que ha visto la zona donde vive su comunidad, el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), amenazada por la construcción de una carretera, un proyecto que Evo Morales ha llegado a considerar “prioridad nacional” y para el que nunca se consultó a las comunidades afectadas, tal como obliga el convenio 169 de la OIT.

Durante casi 10 años, los pueblos indígenas afectados se han organizado para defender su territorio mediante marchas, protestas e incluso han llevado sus testimonios, como el de Sara, al Tribunal Permanente de los Derechos de la Naturaleza. El Tribunal recientemente ha fallado que “el Estado Plurinacional de Bolivia ha violado los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas del TIPNIS en calidad de defensores de la Madre Tierra”. Una sentencia que fortalece el movimiento y que, para los hemos luchado junto a las comunidades, supone un gran logro.

El TIPNIS es una zona protegida en la Amazonía boliviana, que ocupa 1,2 millones de hectáreas de gran biodiversidad. En este territorio viven comunidades indígenas que cuidan de la Madre Tierra, los animales y las plantas, con los que mantienen una relación espiritual. Como señala Francisco Temo, de la Comunidad Carmen del Coquinal, “hemos luchado nosotros por mantener esta naturaleza, y por tanto no queremos que sea atropellada. Queremos que se respete porque tenemos todavía los recursos naturales para nuestra subsistencia y para nuestros hijos”.

Este proyecto que hoy, por fin, el Tribunal Permanente de los Derechos de la Naturaleza exige paralizar podría suponer la pérdida de más de 600.000 hectáreas de bosque en 18 años y la desaparición, asimilación o expulsión de las comunidades indígenas. Es algo que ya ha ocurrido en otras ocasiones. Como cuenta Adhemar Mole, presidente de la organización indígena CEPMB, “todos los días vemos cambios en otras regiones, como en Cochabamba, donde se está cultivando coca y destrozando la tierra, dejándola sin vida. Hermanos y hermanas son desplazadas de sus tierras y se ven obligados a mendigar porque ya no disponen de sus tierras”. Frente al discurso gubernamental de que este tipo de megaproyectos traen desarrollo a la zona, testimonios como el de Adhemar evidencian, lo contrario.

Como señaló el propio Tribunal Permanente por los Derechos de la Naturaleza en su fallo, hay “evidencias suficientes en sentido de que la carretera ampliará la deforestación ya presente en el Polígono 7 (una zona en la que actualmente se cultiva coca) y llevará a la expansión de la producción de hoja de coca y la afectación de la biodiversidad y la pérdida de diferentes seres de la naturaleza”. Por eso en el fallo los jueces insisten que el Gobierno de Bolivia “ha incumplido su obligación de respetar, proteger y garantizar los Derechos de la Madre Tierra, según lo establecido en su propio marco jurídico nacional y la normativa internacional”. El testimonio de Teodocia Yubánure, de la comunidad San José de Patrocinio, da cuenta de esa destrucción en la zona del Polígono 7: “No queremos esa carretera porque nos destruye. Los cocaleros están entrando al territorio, están destruyendo la naturaleza, contaminan la tierra y el agua”.

El tribunal anima a Evo Morales, en un contexto de amenazas a la naturaleza y a las comunidades indígenas, a aprovechar la “oportunidad de ser el líder global que proteja los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas en todas partes. Todo lo que tiene que hacer es poner fin al proyecto de esta carretera letal para el TIPNIS”.

Enlace a la nota original

Diversas autoridades de Bolivia confirmaron las aseveraciones del Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza (TIDN) respecto a las limitaciones en el control ambiental y el avance de cultivos de coca en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

La presidenta del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, la viceministra de Medio Ambiente, efectuaron declaraciones respecto a la sentencia del (TIDN) contra el Estado Plurinacional de Bolivia.

El 15 de mayo el tribunal emitió su sentencia donde concluye que el Estado Plurinacional de Bolivia violó los derechos de la Madre Tierra (Ley 71 y 300) y de los pueblos indígenas en calidad de defensores de su territorio.

También vulneró la misma Constitución Política del Estado e hizo caso omiso al mandato de la Declaración de Tiquipaya de 2010. El tribunal formuló una serie de medidas de reparación inmediata que debe asumir el gobierno de Evo Morales.

Las propuestas van desde la paralización inmediata y definitiva de cualquier tipo de avance en la construcción de la carretera por medio del TIPNIS.

El TIDN es una instancia de la sociedad civil, con carácter ético, que tiene como objetivo investigar y dictaminar casos sobre violaciones a los Derechos de la Naturaleza, por la infracción de responsabilidades por parte de organizaciones internacionales, Estados, empresas o individuos.

Entre las principales evidencias que se hallaron es que el 58% de la histórica pérdida de bosques en el TIPNIS está en un radio de 5 km. al rededor de la carretera dentro la zona llamada polígono 7, donde se ubican sindicatos de productores de hoja de coca (Current Biology, 2018).

A ese ritmo se predijo  que el 64% del parque nacional sería deforestado en 18 años si se construye la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.

En seguida la nota completa elaborada por el archivo documental Isiboro Sécure.

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Gobierno viola derechos de la naturaleza

El pasado 15 de mayo el tribunal emitió su sentencia en la que concluye que el Estado Plurinacional de Bolivia violó los derechos de la Madre Tierra (Ley 71 y 300) y de los pueblos indígenas en calidad de defensores de su territorio, vulneró la misma Constitución Política del Estado e hizo caso omiso al mandato de la Declaración de Tiquipaya de 2010. El tribunal además formuló una serie de medidas de reparación inmediata que debe asumir el gobierno de Evo Morales. Las propuestas van desde la paralización inmediata y definitiva de cualquier tipo de avance en la construcción de la carretera por medio del TIPNIS hasta la identificación y sanción de los responsables de las violaciones a los derechos humanos en 2011 en Chaparina.

La sentencia está firmada por 26 juezas y jueces de reconocida autoridad ética y científica respecto a los derechos de la naturaleza, como Vandana Shiva, Tom B. K. Goldtooth, Fernando “Pino” Solanas, Patricia Gualinga, Cormac Cullinan, Enrique Leff, Rita Segato, María Blanca Chancoso, Arturo Escobar y Maristella Svampa, entre otros. El TIDN es una instancia de la sociedad civil, con carácter ético, que tiene como objetivo investigar y dictaminar casos sobre violaciones a los Derechos de la Naturaleza, por la infracción de responsabilidades por parte de organizaciones internacionales, Estados, empresas o individuos, en aplicación de lo establecido en la Declaración de Tiquipaya de 2010.

Entre las principales evidencias que se hallaron es que el 58% de la histórica pérdida de bosques en el TIPNIS está en un radio de 5 km. al rededor de la carretera dentro la zona llamada polígono 7, donde se ubican sindicatos de productores de hoja de coca (Current Biology, 2018). A ese ritmo se predijo  que el 64% del parque nacional sería deforestado en 18 años si se construye la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.

Reconocen limitaciones ambientales y coca excedentaria

El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, afirmó en primera instancia que el gobierno “tomará nota” de las recomendaciones del tribunal: “Como toda resolución enviada al estado de Bolivia, dentro del derecho nacional e internacional, vamos a dar debida atención a estas resoluciones para que puedan ser consideradas en las políticas nacionales”, afirmó.

Por su parte, la viceministra de Medio Ambiente, Cynthia Silva, refiriéndose al fallo admitió que existe una deuda ambiental por parte del Estado: “es cierto que falta mucho. Debemos remediar los pasivos ambientales del pasado y evitar la contaminación del presente, avanzar en procesos de transformación ambiental de la industria, la minería y otras actividades”, sostuvo en un artículo publicado en el diario La Razón el 29 de mayo.

El bloque de militantes del partido de gobierno dentro del TIPNIS, a la cabeza de Domingo Nogales, explicó que durante la gestión de Evo Morales “ha habido construcciones dentro del TIPNIS”, pues sin duda las más cuestionadas son los tres puentes de gran tamaño dentro del parque nacional sobre los ríos Isiboro, Ibuelo y Sazama, algo prohibido por la Constitución Política del Estado (CPE). Esta infraestructura viabiliza el avance del tramo II de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos y comenzó a construirse cuando la Ley que prohíbe la carretera estaba vigente.

Sobre las denuncias de avasallamiento de colonos cocaleros, la diputada Ramona Moye (MAS) reconoció que en el TIPNIS actualmente se produce coca: “de que hay coca, hay”, declaró aludiendo al polígono 7 del parque nacional, ocupado por más de 50 sindicatos de productores de hoja de coca: “yo les invito que ustedes vayan a visitarlo y es allá en el lugar donde uno tiene que saber las cosas, si hay o no hay”, se refirió a los medios.

Respecto a estas declaraciones, el diputado indígena Rafael Quispe aseguró que constató directamente dentro del parque nacional la existencia de permanente actividad del narcotráfico, e incluso pistas clandestinas para el traslado de droga: “nadie puede decir que no existe coca, lo podemos ver satelitalmente, podemos hacerlo con nuestro teléfono ahora: existe coca en el polígono 7 y alrededor existen pistas de aterrizaje, y existe narcotráfico promovido por colonizadores asociados, afiliados a las 6 federaciones”.

La presión mediática sobre el tema hizo que el 12 de junio, el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, confirmara que “en el polígono 7 sí existe registro catastro, que lastimosamente en la nueva Ley General de Coca se beneficia con el cato de coca”, al mismo tiempo explicó que fuera de ese registro “dentro del TIPNIS -que es el parque- sí tenemos información de inteligencia del CEO, que se han detectado la rededor de 15 a 38 hectáreas de nuevos cultivos, plantaditas recientemente”.

Justifican extractivismo

Pese a estas evidencias, la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra –a través de su página en Facebook-  difundió una reunión que tuvo con militantes del partido de gobierno pertenecientes al polígono 7 y al TIPNIS, en la que le transmiten su “preocupación”: “por el reciente fallo que acaba de emitir el supuesto Tribunal de la Naturaleza en contra del progreso y desarrollo del TIPNIS”.  Salvatierra indica que la sentencia -que busca frenar los impactos de la carretera, en defensa de los derechos de la naturaleza-: “lo único que buscaría este fallo es evitar que los programas del gobierno en beneficio de sus poblaciones continúen”, interpretó, cuando el documento del TIDN no hace referencia a ningún programa social del gobierno, sino a efectos ambientales producto, entre otros, de la deforestación amazónica.

En el mismo sentido, la viceministra Silva añadió que “ni en la Constitución ni en la Ley de Derechos de la Madre Tierra y menos en la Ley Marco de Madre Tierra y Desarrollo Integral se establece que la naturaleza estará intocada y que condenaremos a las comunidades y poblaciones que viven en los bosques a no acceder a los derechos a un desarrollo digno y sustentable”, indicó aludiendo al proyecto carretero parte de la Iniciativa de Infraestructura Regional Sudamericana  (IIRSA), que busca intercomunicar mercados entre Brasil y el Asia, así como hacer carreteras para el tránsito de mercancías, como denuncian investigadores.

A su vez el canciller Diego Pary se refirió a la relevancia del Tribunal – que nació en la cumbre de Tiquipaya en 2010- como “opiniones” de “un grupo que tiene la intención de hacer activismo político”, desmereciendo que los criterios científicos y éticos de un jurado reconocido internacionalmente por su lucha ecologista.

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